Corte, sin competencia en comisión de caso Iguala

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que no puede suspender la creación de la comisión de la verdad para investigar el caso Iguala ordenada en cuatro amparos y desechó los recursos de queja presentados por la Procuraduría General de la República y el Ejecutivo federal contra las resoluciones de estos juicios.

Con dichos recursos, la PGR y la Presidencia intentaron abrir incidentes de imposibilidad real, jurídica y material respecto al cumplimiento de las sentencias que ordenaron reponer el procedimiento a algunos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, declaró que el máximo tribunal carece de competencia para conocer de las quejas y que por ello no puede suspender el procedimiento de ejecución respectivo.

“De acuerdo a la naturaleza del medio de impugnación de que se trata, es el tercer tribunal unitario el que debe pronunciarse sobre la interposición de dicho recurso y remitirlo al tribunal colegiado que corresponda para determinar su procedencia”.

Requirió a la PGR y al Presidente para que dentro del plazo de tres días manifiesten ante el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, órgano competente, si consideran que existe una imposibilidad jurídica para cumplir con los fallos.

Además, dos ministros prevén establecer que la indemnización de 3 mil 500 dólares que la CEAV calculó por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 para cuatro integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo y sus familias es insuficiente.

“Esta Segunda Sala estima que, para efectos de la valoración y cuantificación del daño físico, la mera aplicación de la jurisprudencia interamericana y la condena por los mismos montos indemnizatorios que se establecen en ella, en dólares americanos, es del todo insuficiente e inapropiada para individualizar el daño físico que deba otorgarse a las víctimas del delito, pues esa cuantificación debe atender a factores que permitan ponderar las circunstancias específicas del caso”, establece el proyecto de Eduardo Medina Mora.