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justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, contra la Ley de Seguridad Interior.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo negó suspender la entrada en vigor de la ley, como había solicitado el municipio y ordenó notificar al Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y las demás autoridades señaladas como responsables.
“Con copia simple del escrito de cuenta y sus anexos, empláceseles para que presenten su contestación dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído”, indicó el ministro.
El pasado 5 de enero el municipio de San Pedro Cholula presentó la primera impugnación contra la Ley de Seguridad Interior, promulgada el 21 de diciembre de 2017.
El asunto fue radicado por la Secretaría General de Acuerdos de la Corte el pasado viernes, y ordenó remitirlo a la ponencia de Pardo Rebolledo quien, con el acuerdo emitido ayer, determinó que es procedente que el Máximo Tribunal entre a su estudio.
Se trató de una controversia constitucional debido a que el municipio argumentó violación a la competencia territorial legislativa del municipio.
El municipio de Cholula argumentó en su demanda que la ley violenta su autonomía al disponer que las Fuerzas Armadas tomen el control de la seguridad pública del país.
Además, cuestionó la facultad del Presidente de la República para pedir la intervención de las Fuerzas Armadas en las localidades sin mediación de la alcaldía, y afirmó que el Ejército o la Marina no pueden desempeñar funciones de seguridad pública.
Solicitó que la Corte ordene a las autoridades demandadas “abstenerse de tomar control sobre el servicio de agua y alcantarillado”.
El ministro observó que esa solicitud no tiene relación con la ley impugnada por lo que negó la suspensión solicitada en ese sentido.
La Corte no tiene un plazo fijo para resolver la controversia, y todavía pueden ser promovidas hasta antes del 20 de enero.
El viernes pasado, el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, afirmó que la radicación del expediente significa un gran avance y confió en que les asiste la razón.
“Es una buena noticia para todos aquellos que estamos convencidos de que esta ley no resuelve la inseguridad que se vive en el país, y tenemos muy claro que el legislador intenta desdibujar, hacer a un lado los gobiernos municipales, que somos el nivel de gobierno más cercano a la población y quienes tenemos derechos y obligaciones en materia de seguridad pública”, aseguró.
Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales anunciaron que presentarían acciones de inconstitucionalidad contra la ley, hasta ahora no lo han hecho.
EL UNIVERSAL informó que el PRD en el Senado y el PT también tienen previsto presentar una acción de inconstitucionalidad para que la Corte resuelva.
En el caso de estos actores políticos, el recurso es distinto porque han afirmado que argumentarán violaciones a la Constitución y a los derechos humanos.
De presentarlas, las demandas serán acumuladas a la presentada por el municipio poblano para que sea el mismo Pardo Rebolledo quien resuelva todos los asuntos.
