ONU-DH condena operativo donde murieron 11 personas en Guerrero

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que hay evidencia de violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad
11/01/2018
14:13
Pedro Villa y Caña
Ciudad de México
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La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los hechos ocurridos en la comunidad de La Concepción, en Acapulco, Guerrero, en donde fallecieron 11 personas, donde tras una investigación realizada por el organismo hay evidencia de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y repudió las agresiones contra los periodistas que cubrían el evento.

Jan Jarab, representante del organismo en México, manifestó que todas las muertes deben ser investigadas, incluidas las que se produjeron durante el operativo policial, debido a que de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, toda muerte producida por la actuación de funcionarios públicos debe ser investigada para esclarecer completamente sus circunstancias.

“Únicamente una investigación, profesional, independiente, efectiva e imparcial podrá esclarecer los hechos y ofrecer justicia a las familias de las víctimas”, comentó.

El representante del organismo consideró como “profundamente preocupantes” las agresiones en contra de periodistas por parte de fuerzas de seguridad, en particular contra Bernardino Hernández, quien tuvo que ser hospitalizado dada la gravedad de sus lesiones.

“Además, el mensaje emitido ayer por el gobierno del estado de Guerrero presenta una narrativa de los hechos violatoria de la presunción de inocencia de las personas detenidas y no aporta ninguna garantía de que una investigación independiente e imparcial esté siendo llevada a cabo. Es preciso mencionar que esta Oficina efectivamente visitó a las personas detenidas, pero no emitió ninguna opinión respecto al estado en que se encontraban, y contrariamente a las declaraciones de las autoridades de Guerrero, sí se pudieron constatar condiciones indignas de detención y otras violaciones a sus derechos. Asimismo, es innegable que diversos periodistas fueron atacados por elementos de fuerzas policiales al cubrir los hechos y esto también debe ser investigado. La agresión en contra de Bernardino Hernández es particularmente grave”, comentó.

La oficina detalló que en colaboración con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, se entrevistó con autoridades, personas detenidas, periodistas agredidos, pobladores de la comunidad y organizaciones de la sociedad civil, por lo que indicó que “a partir de la documentación realizada, la ONU-DH cuenta con fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de fuerzas de seguridad durante el operativo, las cuales resultan profundamente preocupantes”.

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La ONU-DH señaló que incluso se recibió información sobre la comisión de actos de tortura y malos tratos, falta de respeto por el derecho a la defensa, fabricación de pruebas en contra de algunas personas detenidas, allanamientos sin orden judicial y condiciones indignas de detención.

“Estos hechos no sólo constituyen un obstáculo a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a obtener información independiente y plural, sino también podrían representar un intento de ocultar o destruir evidencias de graves violaciones de derechos humanos. Además, resulta preocupante la inacción de las autoridades para garantizar la protección de los periodistas que fueron amenazados mientras cubrían hechos posteriores en la misma comunidad, a pesar de las medidas cautelares por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La Oficina se suma al llamado de la CNDH para que las autoridades competentes garanticen que la labor periodística se pueda realizar sin obstáculos y con seguridad”, señaló.

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La ONU-DH expresó su preocupación por la situación general de seguridad en esa comunidad de Guerrero y llamó a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para garantizar condiciones de seguridad adecuadas para todas las personas de la comunidad, además, consideró que las autoridades deben asegurar las condiciones de seguridad de las personas detenidas y de sus familiares, así como la de los abogados, personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que trabajan actualmente en torno al caso.

ahc 

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