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La Procuraduría General de la República (PGR) multó al fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, y otros tres servidores públicos de esa entidad por no entregar la información requerida para investigar actos de tortura en contra de Alejandro Gutiérrez, ex secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a quien se suma a su defensa el ex magistrado español, Baltasar Garzón.

En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el abogado de Gutiérrez, Antonio Collado, dijo que Baltasar Garzón trabajará para atender el caso a nivel internacional.

En tanto, a través de la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Tortura, creada la semana pasada, la PGR tomó medidas en contra de los servidores públicos de Chihuahua quienes fueron multados al no entregar la documentación correspondiente que se les solicitó.

“El 1 de febrero del presente año, la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Tortura de la PGR hizo efectivo el apercibimiento consistente en la imposición de diversas multas a diversos funcionarios públicos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, por no cumplir con diversos requerimientos ministeriales, en los que se les solicitó información y documentación para integrar la investigación”, informó.

En ese sentido, el fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, fue multado con 241 mil 800 pesos; el director del Centro de Reinserción Social Número 1, Juan Martín González Aguirre, tendrá que pagar un monto de 80 mil 600 pesos.

La directora de Inspección Interna en Funciones de Fiscal Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía, Erika Judith Jasso Carrasco; y el Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Jesús David Flores, también fueron multados por 80 mil 600 pesos.

De acuerdo con el tabulador de sueldos con compensación del Poder Ejecutivo de Chihuahua, el fiscal general Peniche Espejel percibe un sueldo de 32 mil 369 pesos y una compensación de 55 mil 437; mientras que Jesús David Flores percibe un sueldo de 24 mil 642 pesos y una compensación de 32 mil 121.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez fue detenido el 20 de diciembre por su presunta participación en el presunto desvío de 240 millones de pesos de recursos públicos, que habrían parado a campañas electorales; en prisión, denunció actos de tortura y presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La CNDH de inmediato solicitó medidas cautelares a favor del priísta en lo que está la investigación del organismo en curso, para eso, solicitó información a la PGR y al secretario general del gobierno de Chihuahua.

El caso Alejandro Gutiérrez generó una sería de confrontaciones entre el gobierno federal y el de Chihuahua, que encabeza Javier Corral, puesto que el gobernador aseguró que las autoridades federales pretendían trasladarlo a un penal federal.

Hasta el momento Alejandro Gutiérrez, que en la solicitud de traslado que hizo la fiscalía de la entidad lo cataloga con un índice de peligrosidad alto, se encuentra en el Centro de Reinserción Social Número 1, acusado por el delito de peculado, por lo que se iniciaron las causas penales 780/2017 y 4094/2017.

Incluso Javier Corral declaró al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en una conversación que tuvieron, que tuviese en cuenta el traslado de Gutiérrez Gutiérrez a un penal federal.

No obstante que existe la solicitud de traslado que formuló la fiscalía general en la que argumenta el porqué tendría que ser enviado a un penal federal entre otras cosas, por su poder adquisitivo.

“Presenta habilidades sociales como de comunicación, manipulación, encanto superficial y facilidad de palabra, además del poder adquisitivo y alto nivel socio cultural con el que cuenta, situándolo con características de líder, sumando el alto egocentrismo e indiferencia afectiva, al carecer de empatía en quienes no reconocen dentro de su círculo cercano”, dijo la fiscalía referida.

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