México debe combatir violencia y corrupción con mecanismo independiente: informe

“La principal responsabilidad yace en el gobierno mexicano que debe investigar y perseguir estos crímenes”, reconoce el informe “Corrupción que mata” realizado por la Open Society Justice Initiative
03/05/2018
14:02
Diana Lastiri
Ciudad de México
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Si el gobierno mexicano no implementa un mecanismo internacional para investigar de manera independiente los actos de violencia y la corrupción relacionada con ellos, organismos como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podría intervenir.

De acuerdo con el informe “Corrupción que mata”, realizado por la Open Society Justice Initiative, la Fiscalía ha recibido ya diversas comunicaciones por parte de Organizaciones No Gubernamentales sobre la impunidad y los niveles de violencia que existen en el país.

“La principal responsabilidad yace en el gobierno mexicano que debe investigar y perseguir estos crímenes”, reconoce el documento.

“México necesita un mecanismo internacional, basado en el país, integrado por personal nacional e internacional, con autoridad para investigar de manera independiente y eventualmente perseguir los crímenes atroces y los actos de corrupción relacionados a ellos”.

El informe observa que durante la presente Administración los crímenes violentos han aumentado y además se han expandido en otras áreas del país donde anteriormente no ocurrían.

“Los grupos del crimen organizado continúan practicando la tortura como táctica de terror e intimidación, al igual que la policía y otras autoridades de investigación quienes la utilizan para forzar ‘confesiones’, extraer información o imponer castigos extrajudiciales”, señala.

“El número de casos procesados y de condenas se ha mantenido constantemente bajo para todos estos crímenes”.

Uno de los objetivos del análisis es la posible colusión de funcionarios públicos del estado de Coahuila en la comisión de crímenes de lesa humanidad perpetrados por integrantes de Los Zetas mediante un estudio de las matanzas de Allende y Piedras negras ocurridas entre 2009 y 2012.

“Está claro que muchos de los encargados de proteger la integridad y la vida de las personas, por ejemplo, miembros de la policía local, pudieron por el contrario, haber permitido los homicidios”, enfatiza.

“Hay evidencia que indica que al menos algunos altos funcionarios electos sabían de antemano acerca de los crímenes y acordaron no intervenir. Tal parece que otros funcionarios se enteraron de los crímenes mientras ocurrían y no intervinieron o no realizaron las investigaciones adecuadas después de los hechos”.

El documento establece que ni la propuesta de una Fiscalía General ni la creación del Sistema Nacional Anticorrupción garantizan independencia institucional o la competencia para investigar los crímenes cometidos por integrantes de la delincuencia organizada o las redes de corrupción entre ellos y los funcionarios públicos.

“La aparente colusión de funcionarios públicos en la comisión de crímenes atroces, y los fuertes lazos que tienen on otras autoridades de alto nivel, ponen en duda la capacidad del gobierno mexicano para investigar de manera independiente estos crímenes por sí solo”, sentencia.

LAS CIFRAS

Según datos del INEGI, utilizados por la OSJI, de 2006 a 2013 en más del 40 por ciento de los municipios del país no se registraron homicidios.

Entre 2016 y 2017 el número de homicidios aumentó en casi todos los estados, en comparación con 2011 y se reportó un aumento importante en el número de municipios que reportaron estos delitos y las tasas más altas se concentraron en áreas asociadas con la producción y el tráfico de drogas tales como Baja California, Guerrero y Veracruz.

En 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 744 denuncias de tortura y tratos crueles e inhumanos por parte de autoridades federales, en 2017, este número se redujo a 402.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, desde el año 2006, cuando inició la “guerra contra el narcotráfico” se han registrado 34 mil 92 personas desaparecidas o “extraviadas”.

Durante la administración de Felipe Calderón la cifra llegó a 13 mil 767 pero durante el sexenio actual se han sumado 20 mil 325 casos.

De modo oficial en 2011 fueron reportadas 4 mil 135 desapariciones a nivel estatal y federal pero entre 2016 fueron reportados 4 mil 745 casos y en los primeros 10 meses de 2017 la cifra fue de 4 mil 152.

ahc

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