Juez federal vincula a proceso a Javier Nava, operador de Duarte

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Sin datos de prueba a su favor, un juez federal vinculó a proceso a Javier Nava Soria, operador financiero del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por delincuencia organizada y lavado de más de 223 millones de pesos.

La Procuraduría General de la República (PGR) y la defensa tendrán seis meses para reunir más datos de prueba para que el proceso penal continúe.

Nava Soria permanecerá en el Reclusorio Norte, donde también se encuentra preso Duarte de Ochoa, sujeto a prisión preventiva de oficio y justificada en razón de los delitos que se le imputan.

La PGR afirmó que solicitará asistencia jurídica internacional al gobierno de Estados Unidos y reunirá los testimonios de dos integrantes de la red de lavado.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, el contador público no ofreció datos de prueba a su favor, pero aprovechó para negar, ante el juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, las imputaciones que formuló la PGR en su contra.

La dependencia señaló a Nava Soria como uno de los integrantes de la red de lavado de dinero supuestamente liderada por Duarte de Ochoa, debido a que fue designado comisario y representante legal de Consorcio Brades, empresa identificada como “fachada” para blanquear los recursos desviados del gobierno de Veracruz.

“Soy un hombre casado, padre de dos hijas, contador público egresado de la UNAM, tenía 100 clientes entre personas físicas y morales; yo desconocía por completo el cargo que me fue conferido como comisario de la empresa Consorcio Brades.

“Nunca comparecí como comisario ni como representante legal de Brades en ninguna asamblea ni ningún otro acto”, respondió Nava Soria a la imputación.

La PGR afirmó que Moisés Mansur y José N le otorgaron 12 poderes especiales para trámites de índole fiscal para empresas que fueron fondeadas con recursos de procedencia ilícita.

“Los poderes que me fueron conferidos son especiales y para cuestiones fiscales como la tramitación de licencias, registros fiel, firmas electrónicas, entre otras y yo desconocía los hechos que la PGR me imputó”, dijo.

Su abogado, Israel Trujillo Márquez, agregó que no existe ningún dato de prueba que establezca que cumplió de facto con la función de comisario o representante legal de las empresas involucradas.

El 25 de enero pasado, España negó la extradición de Nava Soria porque el gobierno mexicano incurrió en errores y no acreditó que cometió actos que pudieran configurarse como delito en ambos países.

El fiscal Manuel Granados dijo que Nava Soria participó voluntariamente y con conocimiento, en la red de lavado de dinero.

“Que no nos venga a mentir el imputado de que no sabía sobre el cargo conferido en Consorcio Brades, porque en el acta notarial de la constitución de la empresa todas las partes debían estar presentes. Al haber sido designado como comisario y representante legal, estuvo presente durante el acto notariado”, señaló.

Luego de escuchar a las partes, el juez indicó que existen indicios suficientes para investigar la probable participación de Nava Soria en el lavado de 223 millones de pesos.