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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, impulsó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para castigar como falta grave el acoso sexual u hostigamiento laboral.

La reforma forma parte de la homologación de leyes al Sistema Nacional Anticorrupción y busca que ambas conductas cometidas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) sean castigadas con las sanciones administrativas máximas, como separación del puesto e inhabilitación para ocupar cargo público.

Hasta ahora, la Ley Orgánica del PJF no prevé que el acoso sexual y el hostigamiento laboral son faltas graves, por lo que la sanción máxima que se aplica es la suspensión temporal del servicio.

Fuentes del PJF confirmaron que la reforma fue impulsada directamente por el ministro presidente de la SCJN, quien externó a los integrantes del Senado la necesidad de proteger la integridad y dignidad del personal del PJF, además, se busca prevenir y desalentar la comisión de este tipo de conductas.

En agosto de 2017 la Mesa Directiva del Senado turnó dos proyectos de reformas presentados por legisladores del PT a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos para la elaboración del dictamen correspondiente.

“En el contexto de la nueva regulación de responsabilidades administrativas, estos supuestos que se proponen como faltas administrativas graves contribuirán a reforzar un ambiente laboral digno en el PJF.

“Particularmente, dotará de mecanismos idóneos que reforzarán el respeto a la dignidad de la persona y prevendrán la comisión de conductas de esta naturaleza”, indicaron las comisiones.

El dictamen fue aprobado por el pleno del Senado el 14 de diciembre y enviado a la Cámara de Diputados, que deberá analizar si se aprueban los cambios que, además, prevén la creación de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas para comprobar si un servidor público cometió una falta.

De promulgarse la reforma, será causa de responsabilidad para los servidores públicos del PJF cometer conductas de hostigamiento sexual valiéndose de su posición jerárquica y el funcionario podría ser inhabilitado por 20 años.

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