Imparable, el acoso sexual en dependencias; INE encabeza

En la última década se han presentado 780 denuncias en el sector; la mayoría termina archivada o con sanciones mínimas
Ilustración: ROSARIO LUCAS
08/01/2018
03:00
Pedro Villa y Caña
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“Mujeres=Ganado”, esa era la fórmula que escribía en el pizarrón un profesor de la clase de Utilización y Evaluación de Forrajes del Colegio de Postgraduados campus Montecillo, Estado de México, quien también mostraba a sus alumnos imágenes con contenido sexual y que además tenía en su cubículo fotografías de mujeres semidesnudas, así lo detalla una queja recibida por correo electrónico en 2009 por la institución. El resultado: no hubo ninguna acción, ni recomendación.

“Se le hizo una cordial invitación al denunciado a seguir cumpliendo a cabalidad los principios constitucionales, valores y reglas de integridad contenidos en el Código de Conducta de la SRE”, esa fue la respuesta que emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante una queja por agresión verbal y acoso sexual en una representación del país en el extranjero hecha el 27 de abril del año pasado.

Al igual que en estos casos, 53 dependencias federales, organismos autónomos y universidades públicas informaron que en la última década se han presentado 780 denuncias por acoso, hostigamiento sexual y laboral, las cuales, en su mayoría, terminan archivadas, con sanciones mínimas, como suspensión de días de trabajo, amonestaciones verbales en privado, reubicaciones o disculpas a la persona agredida.

Las denuncias por acoso sexual van en aumento, puesto que los documentos oficiales detallan que en 2013 hubo 24 quejas, en 2014 se registraron 84, cifra que subió en 2015 al sumar 237 acusaciones y en 2016 disminuyó de manera ligera, al tener 230. Hasta octubre del año pasado se habían registrado 131 casos.

Con base en estos documentos, el Instituto Nacional Electoral (INE) es el órgano federal que más quejas ha recibido, con 420 acusaciones, seguido de la Policía Federal (PF), con 75 quejas, mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suma 35 y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 32.

“Se le aplicó una sanción consistente en amonestación privada”, fue el resultado de la denuncia por acoso sexual presentada el 26 de enero de hace tres años en la Cámara de Senadores. De las cuatro quejas presentadas en ese órgano legislativo, dos se archivaron, una está en desahogo y esta amonestación hecha en privado.

Un trabajador de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Tijuana, Baja California, fue acusado el 10 de febrero de 2014 por sus compañeras, quienes argumentaron que “eran tratadas libidinosamente” por él y además les hablaba en doble sentido y tocaba por la cintura, acciones que las hacía sentir incómodas. A pesar de que “se archivó el expediente por falta de elementos”, el denunciado causó baja dos meses después.

De los cuatro casos que se han presentado en los últimos diez años en ese organismo, esa es la única denuncia que ha causado la baja de un servidor público, debido a que dos quejas están en investigación y otra denuncia se archivó por falta de elementos.

El 16 de octubre de 2015, una denuncia de acoso sexual y toma de fotografías hecha en las oficinas centrales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) resultó en que “no existieron elementos suficientes para sustentar los hechos denunciados”. La respuesta de información con folio 0063500214617 detalla que una de las medidas adoptadas contra el presunto agresor estaba la obligación de únicamente “participar en cursos de sensibilización en prevención de violencia contra las mujeres”.

Afecta también a hombres

Las denuncias por acoso sexual no son sólo hechas por mujeres. En la Dirección General de Estadísticas Económicas del Inegi, en 2016, un trabajador se quejó de ser “víctima de amenazas, extorsión telefónica, vulgaridades, burlas, insinuaciones y peticiones de connotación sexual por parte de varios compañeros de trabajo”. El resolutivo por parte del organismo fue la leyenda “Improcedencia”.

La queja de hostigamiento y acoso sexual a una trabajadora de la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Pachuca, Hidalgo, interpuesta el 18 de agosto de 2015, determinó que “los hechos descritos y analizados son improcedentes ya que los mismos no hacen alusión a cuestiones administrativas, sino a conflictos sindicales, determinándose en consecuencia archivar el asunto”.

Entre 2014 y 2016, las únicas tres quejas de acoso sexual que se denunciaron en la Secretaría de Economía (SE) tuvieron la misma resolución: “Emisión de oficios de exhorto para ambas partes”.

Otro de los casos de hostigamiento y acoso sexual y laboral dentro de la burocracia mexicana detalla que el 9 de marzo de 2015, una trabajadora de la sede de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la Ciudad de México interpuso una denuncia por acoso sexual en contra de un servidor público de esa dependencia. El resultado fue sólo levantar una acta circunstanciada, en la cual el probable responsable “se comprometió ante la quejosa que su conducta sería siempre en un marco de respeto”.

En el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la dependencia sólo tiene registro de dos quejas presentadas este año, en las cuales los acusados prefirieron renunciar a la dependencia, por lo que los expedientes quedaron archivados bajo los números CEPCIST/05/2017/37 y CEPCIST/06/2017/40.

De enero de 2010 a octubre de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha recibido 13 denuncias por este delito, que han tenido como resultado que dos trabajadores fueran encontrados responsables, lo que ocasionó que “no permanecieran en el lugar de trabajo”, sin detallar si fueron despedidos o reubicados de su área de labores. En cinco denuncias hechas “aún no se resuelven”, y en otras cinco quejas no se acreditó, informa el Máximo Tribunal, la causa de la responsabilidad.

Ocho denuncias presentadas por trabajadoras de Caminos y Puentes Federales (Capufe) de 2006 a la fecha, en las que denunciaban acoso sexual han sido excluidas, debido a que, informa la dependencia federal, “ninguna ha sido ratificada por las presuntas víctimas, razón por lo cual fueron desechadas dichas quejas”.

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