Destituyen a 20 servidores por incumplir amparos

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En menos de 40 minutos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenaron la destitución de más de 20 funcionarios públicos y la consignación de otros 20 ex servidores del Estado de México y Puebla.

Durante la sesión de ayer, el pleno avaló destituir y consignar al presidente municipal de Coacalco, Estado de México, Erwin Castelán, y a su homólogo en Tlacotepec, Benito Juárez, Puebla, Pablo Pérez Maceda, por incumplir con sentencias de amparo. Además, mandataron desintegrar los cabildos de ambos funcionarios y las consignaciones de sus integrantes.

En el caso de Coacalco, la sanción derivó del incumplimiento de una sentencia de amparo en materia laboral, emitida en 2015, que ordenaba el pago inicial de 2 millones 369 mil 890.04 pesos a un ex trabajador.

El incumplimiento del fallo ocurrió desde la anterior administración, por lo que también acordaron la consignación del ex edil David Sánchez Isidoro y de quienes fueron integrantes del cabildo durante su mandato.

Debido al tiempo transcurrido, el ayuntamiento debe pagar 4 millones 120 mil 387.22 pesos al quejoso.

David Sánchez es diputado federal, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) deberá analizar si la orden de la Corte elimina automáticamente el fuero del que goza para ejecutar su aprehensión y consignación, o si se requiere iniciar el proceso de desafuero correspondiente.

La situación de Sánchez Isidoro es parecida a la de José Manuel Ballesteros, ex delegado en Venustiano Carranza, a quien la Corte ordenó consignar por incumplir con otra demanda de amparo en materia laboral y que derivó también en la destitución de su sucesor, Israel Moreno Rivera.

La procuraduría todavía no ha aprehendido a Ballesteros porque continúa en el análisis de su estatus, debido al fuero del que goza porque es diputado local por el PRD.

Durante la misma sesión los ministros ordenaron la separación del cargo del síndico y los regidores que actualmente integran el cabildo, a quienes también se les deberá consignar ante un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México por desacato.

Los ministros además ordenaron separar del cargo y consignar a los integrantes del cabildo del ayuntamiento de Tlacotepec, Benito Juárez, Puebla; es decir, al presidente municipal, Pablo Pérez Maceda; síndico y regidores del mismo.

En el caso, un juez de amparo ordenó al municipio regresar un predio que fue expropiado para cumplir con un contrato de obra pública relacionado con la construcción de un campo deportivo. Al ejecutar la obra pública la devolución del terreno se volvió imposible, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el pago de una indemnización al quejoso por el valor del predio, que asciende a 967 mil 397.54 pesos.

El ayuntamiento no cumplió, por lo que el ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, destacó que se trató de un doble incumplimiento y señaló que la ley obliga al máximo tribunal a tomar este tipo de medidas contra quienes incumplen con las resoluciones judiciales.

“En este caso, además, se está incumpliendo con una determinación también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que esto no es una determinación optativa para la Suprema Corte, es una obligación que la Constitución nos impone de sancionar y destituir a los funcionarios conforme al artículo 107, fracción 15 de nuestra Constitución federal”, dijo al emitir su voto.

Los regidores Sergio Gámez Beristaín, Margarita Martínez Morales, Pablo Cid López, Yolanda Cortés Baltazar, Rubén Rojas Rojas, Julia Edith Sánchez Juárez, José Alberto Ruiz Montero, María de los Ángeles Méndez Cortés; la síndico, María Angélica Zárate Montero, y demás integrantes del cabildo fueron separados inmediatamente de sus cargos.

Se ordenó consignar a los servidores públicos por el delito de desacato.

Desarticula tres ayuntamientos. En dos días el pleno de la Suprema Corte desarticuló tres ayuntamientos en Tabasco, Puebla y el Estado de México por incumplimiento de sentencias de amparo.

El lunes pasado ordenaron la destitución y consignación del presidente municipal de Paraíso, Tabasco, Bernardo Barrada Ruiz, y a todos los integrantes del ayuntamiento por no pagar a 23 empleados municipales un total de 40 millones de pesos.