De la Marina, disparos que mataron a familia: PGR

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La Secretaría de Marina (Semar) asumió la responsabilidad derivada de los hechos ocurridos el pasado 24 y 25 de marzo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en los que fallecieron cuatro integrantes de una familia durante un enfrentamiento entre elementos de esa institución con miembros del crimen organizado y en los que, según peritajes de la Procuraduría General de la República (PGR), el vehículo en el que viajaban recibió disparos de un helicóptero de la dependencia federal.

La Semar emitió un comunicado el 26 de marzo en el que explica que, según resultados preliminares de la investigación: “Los impactos de bala que recibió el personal civil fueron a causa del fuego cruzado a nivel tierra y no desde el aire; asimismo, el calibre de los impactos que presenta el vehículo no corresponde con el armamento orgánico con el que cuentan las aeronaves de la Armada”.

En conferencia de prensa, Anselmo Apodaca Sánchez, titular de Servicios Periciales de la PGR, informó ayer que en el enfrentamiento los elementos navales “fueron apoyados por un helicóptero de la Secretaria de Marina, el cual hacía un viraje sobre las zonas y al ser agredido, disparó”.

La Semar destacó en otro boletín difundido ayer que “luego de contar con el avance de las investigaciones científicas realizadas por la PGR sobre las agresiones de las que fue objeto personal naval por parte de presuntos integrantes de la delincuencia organizada, esta institución asume la responsabilidad que deriva de los hechos en los que de manera circunstancial, resultó involucrado un vehículo civil ajeno al enfrentamiento”.

Aseguró que se “llevarán a cabo todas las acciones correspondientes para proporcionar ayuda y reparación integral del daño a los afectados, en cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Víctimas”.

Aclaró que la información dada a conocer inmediatamente para mostrar la actuación de la institución tras el enfrentamiento, así como la postura asumida previamente, “derivaron de los datos con los que se contaba al momento en el desarrollo de las investigaciones, sin pretensión de ocultar ni minimizar el dolor de los afectados”.

Reiteró que lamenta profundamente los hechos en los que civiles perdieron la vida y dio su más sentido pésame a los familiares.

“La Semar asume ante los mexicanos la responsabilidad social que ello representa, a pesar de constituir un hecho circunstancial, cuya causa fue originada por grupos delincuenciales que actúan desde el anonimato”, explicó.

Los pasados 24 y 25 de marzo, personal naval fue agredido en tres diferentes emboscadas con armas de fuego por presuntos integrantes del crimen organizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Apodaca Sánchez aseguró que las consecuencias de ese enfrentamiento fueron circunstanciales: “En el caso de la pick up y la camioneta de lujo de los civiles armados, al momento del enfrentamiento estuvieron estáticos, por eso es que [los disparos] presentan diferentes trayectorias. Hoy sabemos que fueron apoyados en ese lugar por un helicóptero de la Secretaría de Marina, el cual hacía un viraje sobre la zona y al ser agredidos, realizó los disparos.

“Por eso es que tenemos mayor seguridad en estos momentos de que en el momento en que inicio la agresión el vehículo de la familia iba pasando de oriente a poniente hasta el lugar en el cual fue encontrado”, expresó el funcionario como parte de sus conclusiones.

Apodaca Sánchez aseguró que de acuerdo con sus resultados, las acciones no fueron premeditadas en contra de las personas que viajaban en la camioneta en la que murieron tres menores y una mujer, y donde quedaron lesionados un adulto y otro menor.

Esto, debido a que se determinó que las balas que los privaron de la vida corresponden a un fuego cruzado ocurrido el 24 de marzo y que continuó al día siguiente.

Se informó que en el lugar del enfrentamiento las autoridades localizaron más de 3 mil elementos balísticos provenientes de armas de diferentes calibres, entre ellas algunas cortas, pero también armas largas y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, las cuales fueron utilizadas por los civiles armados.

La dependencia federal aseguró que las investigaciones continuarán para deslindar responsabilidades.