Dan recomendación a Semar por muerte de un mexicano y 3 norteamericanos

La CNDH constató que las cuatro víctimas fueron detenidas de manera ilegal y arbitraria por parte de servidores públicos de la Semar y policías de Matamoros
Archivo / EL UNIVERSAL
18/01/2018
12:38
Pedro Villa y Caña
Ciudad de México
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a Vidal Francisco Soberón Sanz, titular de Marina (Semar); a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas; así como a Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad (CNS), y a Jesús de la Garza Díaz del Guante, presidente municipal de Matamoros, por la detención ilegal, desaparición forzada y muerte arbitraria de un mexicano y tres ciudadanos de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas.

El organismo rector de los derechos humanos en el país detalló que tiene suficientes evidencias para acreditar que el 13 de octubre de 2014 dos hermanos estadounidense salieron del domicilio de su padre, en Matamoros, para reunirse con su hermana, también estadounidense, quien se encontraba en compañía de un mexicano en inmediaciones del Puente Internacional Libre Comercio Lucio Blanco.

Tras encontrarse, se dirigirían a su domicilio en Progreso, Texas, Estados Unidos, pero las cuatro personas fueron privadas arbitrariamente de su libertad por servidores públicos de la Primera Zona Naval de la Semar y policías del denominado Grupo Táctico Operativo Hércules Matamoros (“Grupo Hércules”, conformado a instancias de la alcaldesa municipal en funciones en la época de los hechos), además de que les incautaron tres vehículos propiedad de los detenidos debajo del puente.

La CNDH constató que la detención de las víctimas fue ilegal y arbitraria debido a que no existió orden de aprehensión en su contra, caso de urgencia o flagrancia que legitimara a los servidores públicos llevarla a cabo.

También acreditó que todas las corporaciones de seguridad que operaban en la región, negaron su participación en los hechos y reiteraron desconocer el paradero de las víctimas, siendo que no se logró localizar ni conocer su ubicación, sino hasta el 29 de octubre, cuando fueron encontrados los cuerpos presentaron “traumatismo craneoencefálico con fractura de cráneo producido por proyectil de arma de fuego”.

El organismo indicó que la detención arbitraria de las víctimas, perpetrada por servidores públicos y la negativa de las autoridades que se haya llevado a cabo la detención, configuran los elementos de desaparición forzada de las cuatro personas.

“De igual manera, las características, objetos y forma en que fueron encontrados los cuerpos de las víctimas, resulta de gran importancia para concluir que la última vez que se les vio con vida, fue en el momento en que fueron privados de la libertad por miembros de la Semar y del Grupo Hércules, lo que indiciariamente los hace responsables de su desaparición; esto concuerda con el dicho de los testigos que identificaron la vestimenta que portaban las víctimas, que corresponde a las prendas con que fueron encontrados el 29 de octubre de 2014, así como la manera en que los servidores públicos responsables de la detención arbitraria realizaron su aseguramiento”, señaló.

Del análisis efectuado a las evidencias recabadas por la CNDH y a los informes periciales de la Representación Social de Tamaulipas, permitió determinar que la causa de muerte de las víctimas fue provocada de manera intencional y violenta, “toda vez que fallecieron por traumatismo craneoencefálico con fractura producido por proyectiles de arma de fuego, esto es, que hubo ejecución arbitraria. Además, en los informes médico-legales realizados por peritos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, dentro del lapso de cronotanatodiagnóstico, existe una correlación de su muerte con la fecha en que fueron privados de la libertad”.

Tras analizar el caso, la comisión informó que contó con elementos que le permiten determinar violaciones a los derechos humanos a la libertad, la integridad y seguridad personal, a la legalidad, a la seguridad jurídica y al derecho a la vida en perjuicio de las cuatro víctimas directas y del derecho a la verdad en agravio de sus familiares, como víctimas indirectas.

Además de establecer la probable responsabilidad de los marinos y del “Grupo Hércules”, por la detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución arbitraria; esta situación, añadió la comisión, aún continúa siendo investigada y pendiente de determinar por el Ministerio Público Federal, y también tendrá que ser investigada la actuación de los elementos de la Policía Federal (PF) que presenciaron la detención, pero no la registraron en sus bitácoras ni la reportaron a su superioridad.

Por lo anterior, la CNDH recomendó a las cuatro autoridades la reparación integral del daño a las familiares de los agraviados, en términos de la Ley General de Víctimas, así como para que se les otorgue la atención médica, psicológica y tanatológica que requieran. También deberán proporcionar a la Procuraduría General de la República (PGR) toda la información y documentación necesaria para la investigación que lleva a cabo.

Entre otras recomendaciones, estas autoridades tendrán que colaborar en las denuncias y quejas que la comisión presente ante diversas instancias, a fin de que se deslinden las responsabilidades penales y administrativas que correspondan por las violaciones a derechos humanos cometidas.

Al mandatario de Tamaulipas se le solicitó  el cumplimiento de las propuestas contenidas en el “Informe Especial de la CNDH sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México”, para atender integralmente el problema de la desaparición forzada de personas en ese estado y conjuntamente con el presidente municipal de Matamoros, “se les está pidiendo la observancia y cumplimiento de lo previsto por la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y demás disposiciones que regulan el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

 

ahc

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