Yarrington se declara sin dinero para pagar defensa

En su primera audiencia ante la justicia de EU, fue acusado de 11 delitos; ligas con el narco, enviar cocaína a ese país y desviar 60 mdp, entre los cargos
Escoltado por agentes federales de EU, Tomás Yarrington fue trasladado a prisión desde el aeropuerto de Brownsville, Texas, el pasado viernes. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL
24/04/2018
03:04
Víctor Sancho y Manuel Espino
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Washington.— El ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba compareció por primera vez ante la justicia de Estados Unidos tras su extradición desde Italia el pasado viernes, y, como era esperado, se le negó la libertad bajo fianza.

Acusado en la Corte Federal del Distrito Sur de Texas de 11 delitos, incluidos extorsión, narcotráfico y lavado de dinero, el ex gobernador, de 61 años, esgrimió que no tiene fondos suficientes para costearse un abogado, por lo que se le ha asignado uno de oficio, Michael Rodríguez, según las minutas judiciales consultadas por este diario.

“(Yarrington) Ha testificado bajo juramento (…) a la Corte que es financieramente incapaz de emplear un defensor y no desea prescindir de defensa”, reza una carta emitida por el magistrado Ronald Morgan, encargado de la fase inicial de la puesta a disposición judicial del ex priísta.

En caso de que en un futuro contrate a defensores privados, el juez advirtió que tendría que hacerse cargo del costo.

Antes de entrar a la sala, en la localidad de Brownsville (Texas), Yarrington Ruvalcaba, que siguió la audiencia gracias a una intérprete, sabía que iba a quedar en manos de las autoridades estadounidenses, porque desde 2013 la juez que se va a hacer cargo de su caso, Hilda Tagle, había dictaminado en su orden de captura que no sería sujeto a fianza para esquivar la cárcel.

La investigación. Además de pactar con los cárteles Del Golfo y De los Beltrán Leyva el envío de varias toneladas de cocaína a Estados Unidos que llegaban al puerto de Veracruz, Yarrington Ruvalcaba desvió 60 millones de pesos del erario.

Los recursos fueron utilizados en la compra de un avión tipo Sabreliner 60 con matrícula XBULF, que usó con sus colaboradores, según consta en la investigación que realizaron el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la División de Investigaciones Criminales (IRS-CID) y el Buró Federal de Investigación (FBI), la cual puede consultarse en el sitio oficial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Según el documento, de 53 páginas, el ex mandatario habría ordenado a su subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas transferir los recursos en dos transacciones a una cuenta del Inter Banco Nacional de Texas.

“Dichos fondos se usaron para la compra de un avión Sabreliner 60 con número XBULF para Tomás Yarrington Ruvalcaba. Después de su compra Yarrington Ruvalcaba y otros miembros de la conspiración usaron el avión frecuentemente”, señala la acusación.

Primero se depositaron 300 mil dólares y en la primavera de 2005 se enviaron 5 millones de pesos, los cuales fueron manejados por Fernando Cano Martínez, su principal operador financiero.

La indagatoria, realizada por la Fuerza de Tarea Antidrogas Organizada contra el Delito en Brownsville, San Antonio, Houston, Corpus Christi y Nueva York, y agentes y oficiales de la DEA, HSI, DEA, IRS-CI y el FBI, señala que un mes después, en febrero de 2005, Yarrington Ruvalcaba constituyó a través de un prestanombres la sociedad Premier International Holdings, con la cual recibió un préstamo del banco Inter National Bank, en McAllen, Texas, por 2.5 millones de dólares para la compra de otro avión, un Pilatus 2005, con número de registro FAA de N679PE, asegurado por las autoridades de ese país.

Hasta el momento, las autoridades de EU han asegurado 46 propiedades al ex aspirante presidencial, entre los que se encuentran un condominio en South Padre Island, un avión Pilatus 2005 y residencias en los condados de Hidalgo y Hays.

Según la investigación, a partir de 1998 Yarrington, y más tarde Fernando Cano, adquirieron varias propiedades en Estados Unidos usando nombres y entidades comerciales establecidas a partir de 2005 para disfrazar la propiedad de los activos.

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