Ubican trámites susceptibles a la corrupción

Gobierno y organismos empresariales identifican 159; sólo 12 se han eliminado en los últimos dos años, aseguran
Eber Betanzos Torres, subsecretario de la Función Pública, asegura que hay trámites en los que la regulación es tan compleja que resulta un incentivo negativo a la integridad el llevar todos los procedimientos de manera legal. (VALENTE ROSAS. EL UNIVERSA)
04/11/2017
02:00
Alberto Morales
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En los último dos años, el gobierno federal y organismos del sector empresarial identificaron 159 trámites y servicios que podrían ser propensos a actos de corrupción en dependencias dedicadas a la procuración de justicia, la seguridad, el medio ambiente, la salud y la hacienda pública, entre otros.

Destacan 40 trámites relacionados con riesgos sanitarios en la Cofepris; 22 relacionados con el manejo de residuos sólidos y aprovechamiento de recursos forestales en la Semarnat, así como 22 relacionados con inscripción y reinscripción al padrón de importadores y rectificación de pedimentos en el SAT.

En la Sagarpa existen 18 trámites propensos a actos de corrupción relacionados con programas sociales, mientras que en la SCT se identificaron 10 relacionados con la autorización de tarifas y liberación de vehículos del servicio público federal.

En la PGR se ha puesto la lupa a cinco servicios que están relacionados con las quejas y denuncias; en la Policía Federal, dos ligados con el pago de infracciones, quejas y apoyos carreteros, entre varios más.

Ello de acuerdo con el diagnóstico Identificación y mejora de los trámites más proclives a la corrupción en el ámbito público y privado, elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).

En este estudio participaron 12 organismos empresariales, entre ellos el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), la International Chamber of Commerce México (ICC), la Coparmex, Concamin, Canacintra, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Federación del Colegio de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, quienes ayudaron a las dependencias federales a la identificación de esos trámites.

De acuerdo con el estudio, de ese primer grupo se han realizado acciones de mejora que van desde que contribuyan a inhibir los actos de corrupción, correspondiente al primer universo de 159 trámites, de los cuales fueron eliminados 12 porque se fusionaron o simplemente no fueron identificados.

Así, en los últimos dos años, de los 147 diagnósticos, 107 están en proceso de mejora en los rubros de actualización y simplificación del marco normativo, disminución de tiempos de respuesta, requisitos, costos, así como en digitalización.

De acuerdo con Eber Betanzos Torres, subsecretario de la Función Pública, desde marzo se suscribió un convenio con el CCE y sus agremiados para identificar objetivos comunes en el combate a la corrupción para desarrollar políticas públicas contra ese flagelo.

“Lo que encontramos es que uno de los espacios amplios a posibles fenómenos de la corrupción se encuentra en la naturaleza de los procedimientos que rodean a los trámites. Es decir, si tenemos uno en el que el ciudadano pasa varias veces por una ventanilla para presentar un documento o un formato o acudir por una ficha, se abren espacios que pueden ser aprovechados para estos”.

Incluso, agregó, hay otros actos en los que la regulación es tan compleja que resulta un incentivo negativo a la integridad el llevar todos los procedimientos, en términos de formatos y demás cosas, que podría degenerar en invitaciones de carácter ilegal a la persona interesada.

Betanzos Torres explicó que en la administración pública federal hay un catálogo de 6 mil 500 trámites y servicios, por lo que se pidió a las cámaras empresariales identificar los más proclives a sufrir algún fenómeno relacionado con la corrupción.

“Cuando les preguntamos cuáles son las acciones sujetas a mejora, nos llama la atención que 25% de los usuarios indica que tienen que ver con la información, es decir, trámites gratuitos, pero no se asumen como tal y llevan a pagar un gestar”, dijo.

El funcionario señaló que de esos 147 trámites, 107 están en proceso de mejora y “tenemos un universo de 40 que se están trabajando con los usuarios en acciones específicas.

Expresó que una de las mejores medidas para inhibir los actos de corrupción en los trámites y servicios es la digitalización, porque todo es registrable y se elimina a los “intermediarios” para realizarlos.

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