Aunque el ex senador y dirigente de Militantes de Izquierdas (MIZ) del PRD, Carlos Sotelo, demandó del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) obligar al relevo de los órganos de dirección de ese partido en todos los niveles: nacional, estatal y municipal, los magistrados limitaron su orden de convocar a elección de nueva dirigencia sólo a nivel nacional.

De acuerdo a las reglas del PRD ya venció el mandato de cientos de integrantes de los Consejos Estatales, Municipales, Nacional y los Comités Ejecutivos perredistas en esos tres niveles, sin embargo, por orden del TEPJF, sólo será renovada la dirigencia nacional que encabeza Alejandra Barrales, la secretaria general Beatriz Mojica y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Para ello el PRD puede optar por la elección por medio de consejeros o la candidatura única, previstas en sus normas internas.

En el incidente de imposibilidad de cumplimiento de sentencia resuelto por el TEPJF la víspera en sesión privada, el Tribunal advirtió al PRD que de existir omisión, “o de realizar acciones evasivas al cumplimiento de la sentencia, se impondrán las medidas de apremio que resulten de su conducta contumaz”.

Esas sanciones según el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral consisten en apercibimiento; amonestación; multa de 50 hasta 5 mil veces el salario mínimo diario …en caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada” arresto o incluso auxilio de la fuerza pública.

El miércoles el TEPJF emplazó al PRD a convocar, elegir y tomar protesta a su nueva dirigencia nacional en un plazo de 60 días naturales, que vence en la primera semana de enero.

Descartó que el partido esté imposibilitado jurídica y financieramente para realizar su elección interna y aseguró que tuvo un actuar “negligente” y “contumaz” para desacatar sus propias resoluciones, ya que la Comisión Jurisdiccional del PRD ordenó al Consejo Nacional emitir la convocatoria a elección desde julio, lo que no fue acatado, pero tampoco se exigió ese cumplimiento.

De acuerdo al expediente el PRD alegó que su situación financiera es difícil pues en este 2017 debía pagar 132.8 millones de pesos en multas ante el Instituto Nacional Electoral (INE), aunque de octubre (cuando dio ese argumento al TEPJF) a diciembre, ya sólo le estaba por pagar 20.6 millones de pesos.

“Aún en el supuesto, sin conceder, que la elección tuviera un costo determinado” el PRD recibió financiamiento ordinario por 455.1 millones de pesos. Debió prever sus procesos internos “de ahí que no se justifique la imposibilidad económica aducida”, resolvieron los magistrados.

Dentro de la planeación de su financiamiento ordinario “debió contemplar una partida presupuestal para la renovación”, establecieron.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses