SG y CEM tratarán diálogo con el narco

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El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que los diálogos del obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, con cabecillas del crimen organizado de esa región, será tema de una reunión que sostendrá la próxima semana con la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y a partir de dichas consultas “sabremos exactamente qué ocurrió y si es necesario tomar medidas en el marco de la ley”.

Navarrete Prida declinó formular señalamientos sobre la postura de Andrés Manuel López Obrador de dialogar y llegar a acuerdos por la paz con el narco y señaló que los proyectos de país que ofrecen los candidatos presidenciales tendrán que ser valorados por los ciudadanos.

Estableció que la responsabilidad del gobierno es aplicar la ley. “Desde el punto de vista del gobierno, no existe posibilidad alguna de negociar la ley, porque hay víctimas, familias que han sufrido comisión de delitos”.

Para el gobierno de Enrique Peña Nieto, “la ley se acata y se cumple”, dijo a los periodistas el responsable de la política interior. Así, “quien generó delitos debe enfrentar procesos penales ante un juez y resarcirse a las víctimas en todos sus derechos que fueron vulnerados”.

A la pregunta de si la Secretaría de Gobernación abrió investigaciones sobre los acercamientos del obispo de Chilpancingo-Chilapa y sus declaraciones de lo que piden los criminales con los que se reunió en la sierra, Navarrete comentó: “No conozco el contexto, cómo se desarrolló [el encuentro], sólo información de carácter periodístico”.

Dijo que va a consultar a la jerarquía episcopal “y, desde luego, sabremos exactamente qué ocurrió y si es necesario tomar medidas en el marco de nuestra legislación”.

Acompañado por el presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo (PAN), y por la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), luego de una reunión con la Comisión bicameral de Seguridad Nacional, Navarrete Prida agradeció el pronunciamiento del Senado, votado un día antes, el miércoles, con la exigencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de respeto a México.

Dicho “pronunciamiento lo agradecemos [en el gobierno de la República], porque muestra con claridad que los mexicanos somos muy unidos cuando se trata de defender aspectos de dignidad y, de frente a una hostilidad de donde provenga, tener un criterio común en términos de nuestra unidad y mexicanidad”.

Sobre la caravana migrante, evento que detonó la postura de Trump de enviar tropas a la frontera con México, Navarrete Prida aclaró que el gobierno de México la observa en el marco de absoluto respeto a los derechos humanos.

Recordó que hace unos años hubo un intento de autoridades de distinto nivel de gobierno en México de frenar una marcha de migrantes y la reacción fue muy adversa. Subrayó que “esa caravana este año no hubiera podido disolverse, desmovilizarse, si no hubiera sido por voluntad de los propios migrantes”.

El gobierno mexicano mostró una actitud de diálogo con los migrantes, de protección a los derechos humanos para que pudieran retornar a sus países de origen, con garantía de trato humanitario a mujeres con niños, así como a embarazadas y se logró un acuerdo para que tuvieran por cumplidos sus objetivos.