¿Quiénes son las diputadas priístas que gritaron “¡Eeeeh… puuu!”?

Entre las siete legisladoras, hay una que no cursó la universidad y otras dos fueron colaboradoras del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge
Foto: Especial
14/11/2017
13:19
Suzzete Alcántara
Ciudad de México
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Entre las siete diputadas del PRI que corearon la madrugada del pasado viernes, el grito acuñado en canchas de futbol “¡Eeeeh… puuu!”, así como el “¡quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar!”, al diputado de Morena, Ariel Juárez, durante la aprobación del Presupuesto 2018, hay una que no cursó la universidad.

Dos de ellas no han presentado, durante los tres años de la 63 Legislatura, ninguna iniciativa ni punto de acuerdo, y otras dos, eran parte del equipo del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, hoy detenido en Panamá.

Ex presidenta municipal de Tecámac, Estado de México, Rocío Díaz Montoya, es legisladora por mayoría relativa, y sólo ha cursado el Bachillerato, además de haber sido la presidenta de la Asociación de Comerciantes Establecidos en la localidad.

La mexiquense no ha presentado ninguna iniciativa ni punto de acuerdo en lo que va de la 63 Legislatura. Es integrante de las comisiones de la Ciudad de México, Infraestructura, Salud, de la Especial del Seguimiento a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Arlet Mólgora Glover (mayoría relativa), integra la Comisión Especial de Alerta de Género, que precisamente trabaja para evitar las agresiones a mujeres y otros sectores.

Se desempeñó como diputada local del 2011 al 2014, como secretaria técnica del gabinete del ex gobernador Borge (2013- 2014), un año después de la diputada Sara Latife, además de tener la titularidad de la subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación estatal.

Ha presentado 10 iniciativas y dos puntos de acuerdo. Es egresada de la Maestría de Alta Dirección de la Universidad Anáhuac y de la licenciatura de Contaduría del Instituto Tecnológico de Chetumal.

Pertenece a las comisiones de Asuntos de la Frontera Sur-Surueste, Desarrollo Rural, Seguridad Social, y al Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara Baja.

La ex vicepresidenta de la Mesa Directiva, Gloria Himelda Félix Niebla, es diputada por mayoría relativa, y ha presentado durante los tres años de la Legislatura, 13 iniciativas y dos puntos de acuerdo.

Es integrante de las comisiones de Justicia, Presupuesto, Puntos Constitucionales. Egresada de la licenciatura de Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, ha sido diputada local y presidenta municipal de Mocorito de ese estado.

La legisladora de Quintana Roo, Sara Latife Ruíz Chávez, fue elegida por la vía de representación proporcional (plurinominal). Ha presentado 19 iniciativas y seis puntos de acuerdo. Forma de parte de las comisiones de Derechos Humanos, Medio Ambiente y Pesca.

Según el Sistema de Información Legislativa (SIL), es egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán de la licenciatura en Economía. Fue asesora política económica del ex gobernador, Roberto Borge, secretaria de Educación y Turismo en su administración, así como, secretaria técnica del gabinete estatal y delegada de la Profeco en la entidad.

Fue diputada federal en la 60 Legislatura, y candidata a la secretaria general del PRI en el 2007.

Cristina Sánchez Coronel, diputada por mayoría relativa y ex regidora del municipio de Axapusco, Estado de México, tampoco ha presentado iniciativa alguna ni puntos de acuerdo. Solamente se ha adherido o suscrito a las presentadas por sus compañeros del grupo parlamentario.

Es egresada de la licenciatura en Informática Administrativa por la Universidad Autónoma del Estado de México, y es integrante de las comisiones de Deporte, Protección Civil, Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Mientras que la diputada por mayoría relativa por Nayarit, Jasmine María Bugarín Rodríguez, ex defensora de los derechos humanos en el Ayuntamiento de la Yesca en la entidad, ha presentado dos iniciativas, (una de ellas aprobada); y un punto de acuerdo con estatus de pendiente.

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La ex regidora suplente de Yesca y ex diputada local, pertenece a las comisiones de Juventud, Relaciones Exteriores, Turismo, Gobernación, y a la Especial para el Fomento de los Programas Sociales para los Adultos Mayores. Estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit.

Xitlalic Ceja García, es legisladora por mayoría relativa de Puebla, egresada de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, ex regidora suplente de la capital poblana y ex subdirectora administrativa en la Subdirección de Transporte en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2013-2014).

Ha presentado seis iniciativas, y 36 puntos de acuerdo, de los cuales 17 han sido aprobados. Pertenece a las comisiones de Agua Potable y Saneamiento, Infraestructura, Salud, de las Especiales Contra la Trata de Personas, para el Patrimonio Cultural de México, para Impulsar Estudiantes de Altas Capacidades Intelectuales.

El domingo pasado, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) exhortó a los diputados federales para que en las manifestaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, eviten “reproducir prejuicios y estereotipos negativos” como los que se produjeron en el pleno de la Cámara de Diputados durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

En un comunicado calificó de “doblemente gravoso” que este grito “homofóbico” se traslade del estadio al Congreso de la Unión, espacio público de un sistema democrático que, por tanto, está llamado a guardar la máxima aspiración incluyente.

El Conapred reiteró lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relativo a que las violaciones al derecho a la no discriminación por el ejercicio de la libertad de expresión “no pueden ser abordadas de la misma manera cuando se trata de personas servidoras públicas que de particulares”.

“Las limitaciones al derecho a la libertad de expresión deben ser mayores para las personas servidoras públicas, pues tienen la obligación de no aumentar la vulnerabilidad de los grupos o personas que se encuentran en situación de discriminación”, indicó.

ahc

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