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Un grupo de integrantes de Movimiento Ciudadano entregó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de reconsideración para que se le dé entrada a la impugnación sobre la Ley de Seguridad Interior que presentaron hace unos días y fue rechazada.
Encabezados por la senadora Martha Tagle, los militantes del partido político consideraron que existen argumentos legales para que el Máximo Tribunal reconsidere la entrada de esta acción de inconstitucionalidad.
“Entregamos un recurso de reconsideración con respecto al desechamiento que se hizo por parte de la Suprema Corte a la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior que se presentó en días pasados”, dijo la senadora.
El recurso fue presentado debido a que ven la vulneración de diferentes derechos políticos de los ciudadanos con esa legislación, aseguraron poco después de entregar su texto en la Oficialía de Partes del recinto.
“Y por eso es que nosotros estamos manifestando que lo electoral va más allá de las leyes electorales. En el caso de la Ley de Seguridad Interior, tiene otras afectaciones, de los derechos humanos en general, pero también a derechos político-electorales”, afirmó la legisladora.
La SCJN alegó, en el momento en que rechazó la primera impugnación de Movimiento Ciudadano, que los partidos políticos tan sólo podían presentar acciones de inconstitucionalidad en materia electoral.
“Los partidos políticos pueden presentar acciones de inconstitucionalidad cuando se trata de temas electorales, pero en el caso de la Ley de Seguridad Interior sabemos que vulnera derechos políticos de los ciudadanos, por ejemplo el derecho a la libre manifestación, como cuando sucede en eventos políticos y de campaña, donde los ciudadanos podrían reunirse y ser considerados estos como actos que vulneren la seguridad nacional”, argumentó Martha Tagle.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió cinco acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior.
Después de la interpuesta por el municipio de Cholula, en el estado de Puebla, las cámaras del Congreso de la Unión, diputados y senadores, el Instituto Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Ley de Seguridad Interior fue promulgada el pasado 21 de diciembre de 2017 por el presidente Enrique Peña Nieto y publicada ese mismo día en el Diario Oficial de la Federación.
Uno se los argumentos en contra de esa legislación es que va en contra de los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Otro es que viola el artículo 21 de la Constitución, en el que se establece quiénes son los organismos encargados de la seguridad pública, al permitirse que las Fuerzas Armadas intervengan en esa labor.