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Organismos de transparencia, fiscalización, derechos humanos y sociedad civil requieren verdadera independencia estructural y presupuestaria e información para cumplir con su papel de contrapeso al poder federalizado, concluyeron especialistas durante el foro Federalismo Mexicano.

Durante el debate, Gerardo Rodríguez, académico de la UDLAP, afirmó que tanto auditorías locales, comisiones de derechos humanos y poderes judiciales del país están cooptados por el gobierno federal, lo que ha impedido que funcionen adecuadamente.

Para contrarrestar la impunidad, dijo, se requiere del esfuerzo de tres instituciones: los congresos locales, las auditorías estatales y las comisiones de derechos humanos.

“Tres instituciones que están capturadas políticamente por los gobernadores y por los partidos políticos en el ámbito local”, dijo.

Ello, explicó, permea en que las mediciones sobre impunidad y la rendición de cuentas no se realice de manera efectiva a nivel local ni a nivel nacional.

“Yo creo que algunas comisiones estatales de derechos humanos, por una situación de emergencia nacional, deberían desaparecer y que temporalmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos las pueda intervenir, como hace el Inai con los organismos estatales”, agregó.

“Las auditorías están cooptadas por los partidos en turno, por los gobernadores en turno y desde la academia podríamos hacer un índice de independencia de las autonomías y por supuesto se requiere hacer la medición en la Auditoría Superior de la Federación”.

Señaló que durante la actual administración hubo una captura política al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Hubo una captura política en esta administración en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el nombramiento de un ministro ex procurador general de justicia y ex titular del Cisen, Eduardo Medina Mora”, apuntó.

El académico coincidió con la ex comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Areli Cano, en que se requiere que los organismos autónomos e instituciones estén encabezadas por técnicos con probidad para que el Sistema Nacional Anticorrupción avance.

Los contrapesos al poder público recaen en cuatro actores, las organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada, las universidades estatales públicas, así como en las nacionales y en los medios de comunicación locales y de cobertura amplia en toda la República Mexicana.

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