Ordenan al INE valorar rebase de gastos en NL

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El Instituto Nacional Electoral (INE) reabrió la fiscalización de las campañas al Senado por Nuevo León, pues por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberá sumar a gastos de campaña las aportaciones prohibidas acreditadas a los senadores electos Víctor Oswaldo Solís, del PAN, y Samuel García, de MC.

En un plazo de cinco días, el INE deberá cuantificar el beneficio obtenido por los senadores electos por el uso “sistemático” de marcas comerciales en su propaganda electoral, y en su caso determinar si rebasaron o no el tope de gasto permitido.

Oswaldo Solís usó ropa como propaganda política e incorporó sus iniciales y el logotipo de su partido, además utilizó marcas como Disney, Star Wars, imágenes de Homero Simpson, Gokú y Dragon Ball Z.

El senador electo Samuel García empleó las marcas Home Depot, Banca Afirme, Cemex, Cemento Tolteca, Telcel, Femex Fut, y playeras de Los Tigres de Nuevo León, además de que apareció con artistas como Eugenio Derbez y Adal Ramones, y con el futbolista André Pierre Gignac.

Esta estrategia, determinaron los magistrados con voto dividido de cinco a favor y dos en contra, constituyó una aportación prohibida, pues aunque las empresas no son responsables del uso de sus logos para proselitismo, ambos candidatos tuvieron beneficio al asociar su campaña a marcas posicionadas.

Pese a esta irregularidad en materia de financiamiento, los magistrados insistieron en que su resolución no anula los resultados obtenidos por ambos senadores electos. Empero, un eventual rebase de gastos aún podrá ser materia de impugnación y demanda de nulidad, pues la diferencia entre ambos fue menor a un punto porcentual.

Ayer el INE fue notificado de la sentencia y comenzó a analizar la forma de valuar el beneficio obtenido por ambos senadores por el uso de las marcas.

La decisión del TEPJF confrontó a los magistrados entre sí, pues en contra de la sentencia votaron los magistrados José Luis Vargas y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, en una discusión en la que el primero criticó cambios de criterio repentinos del magistrado Indalfer Infante Gonzáles.

Según Vargas, su colega argumentó en sesión privada radicalmente en contra de la sentencia, pero cambió de opinión en minutos, por lo que pidió, en aras del “tribunal abierto”, publicitar en un futuro las discusiones privadas.

El tiempo es valioso y si alguien cambia de parecer “del elevador a la sala de plenos” eso debería tener un carácter mucho más transparente, por lo que pidió a la magistrada presidenta, Janine Madeline Otálora anunciarles cuando alguien variará su voto, pues en las sesiones privadas todos lo exponen abiertamente.

“Si se sabía que iba haber un cambio de votación, lo elemental era que lo supiéramos… eso puede definir si se presenta voto particular y otros aspectos relacionados con la ponderación de la votación… cuando no se anuncia, se falta el respeto a los demás miembros” del pleno, reclamó.

Otálora expuso su desacuerdo, “mis votos y mi criterio jurídico los fundo en un criterio jurídico más allá de cuántos o quiénes votan”.

Indalfer Infante consideró que no es positivo ventilar el contenido de las reuniones privadas, pero en todo caso atribuyó su cambio de postura a una reflexión.