INE, rezagado en 134 casos de fiscalización

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El Instituto Nacional Electoral (INE) inició el año comicial con un rezago en la resolución de 134 procedimientos abiertos en materia de fiscalización en contra de los nueve partidos políticos nacionales y algunos locales, por irregularidades en el reporte de ingresos y egresos ordinarios y de campaña, de 2012 a la fecha.

Aunque, en lo que va del año, el INE ha impuesto multas a todos los partidos por 4.8 millones de pesos, las operaciones pendientes por aclarar también ascienden a sumas millonarias sobre las que los partidos no presentaron documentación, no aclararon el objeto partidista de los pagos; existen inconsistencias en los documentos entregados, carecen de requerimientos fiscales o no reportaron gastos que les fueron detectados, entre otras anomalías.

Derivados de informes anuales rendidos sobre el ejercicio de los recursos de los partidos de 2012 a 2016, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE aún tiene 55 expedientes abiertos. El monto en investigación y aclaración tan sólo por estos 55 casos supera los 85 millones de pesos.

Otros 11 procedimientos pendientes están relacionados con el Proceso Electoral Federal 2011-2012, y son adicionales a los que el INE ya resolvió (con multas por 193.9 millones de pesos) sobre rebases de topes de campaña de Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) con su entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, casos Monex y rebase de topes de 154 candidatos a diputados federales de la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM).

Sobre esa elección, el INE tiene nueve acatamientos de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pendientes de cumplir.

También están 22 casos aun sin concluir sobre irregularidades detectadas en los procesos electorales federal y locales 2014-2015, y dos casos relacionados con los comicios de 2016.

De las elecciones apenas realizadas este 2017 aún hay 27 procedimientos pendientes y a ellos se suman 17 quejas y procedimientos que el INE inició de oficio, distintos de los mencionados, lo que da un total de 134 pendientes, más nueve acatamientos en vías de atender.

Entre los casos sobre gastos ordinarios de los partidos aún en investigación está, relativo al PRI, el origen y destino de los recursos con los que se pagaron facturas de 2015 a 2016 por 31.5 millones de pesos, la recepción de aportaciones en Baja California “de las cuales no se tiene certeza el origen lícito”, por 9.7 millones de pesos.

También sobre el tricolor se investiga pago en publicidad en sistema de Wl-F por 12.6 millones, cuyo “objeto del gasto no fue justificado”, además de erogar 3.7 millones de pesos para los festejos del 70 aniversario de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).

En el caso del PVEM se indaga la contratación de transportación aérea realizada con dos proveedores por 5.9 millones de pesos; del PRD se revisa si reportó con veracidad 16.2 millones de pesos, pues entregó documentos extemporáneos. El PAN está en revisión por aportaciones de 3.4 millones de pesos, presuntamente hechas por servidores públicos de Guanajuato, y en Baja California “recibió la aportación de persona impedida” por 2.7 millones de pesos, además de recursos del congreso de Yucatán.