Gamboa prevé avance en marco legal para el Ejército

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El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, confió en que las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados tendrán la voluntad y capacidad política para discutir y, en su caso, aprobar en los próximos días la Ley de Seguridad Interior.

Ello, en razón de que es una ley necesaria para contener y atacar a las organizaciones delincuenciales que operan en algunas regiones de nuestro país.

“Los senadores del PRI tenemos claro que esta ley es necesaria para darle seguridad a los mexicanos y regular la actuación de las Fuerzas Armadas en su labor contra la delincuencia organizada”, dijo.

El senador por Yucatán expresó que no se trata sólo de crear un marco jurídico que dé certeza a soldados y marinos, sino a todos los órdenes de gobierno para hacer cumplir la ley y fortalecer el Estado de derecho.

Así como establecer limitaciones y obligaciones a las autoridades responsables, de acuerdo con la Constitución, para brindar seguridad a los mexicanos.

“Tenemos claro que el incremento de la presencia del crimen organizado obliga a todas las instituciones del Estado mexicano a reforzar su participación para recuperar la seguridad, por lo que refrendamos, como integrantes del Poder Legislativo, el compromiso de definir el marco jurídico dentro del que se deben desempeñar soldados, pilotos y marinos”.

Señaló que para los senadores del PRI no se trata sólo de garantizar en las leyes un combate a la delincuencia organizada con legalidad, transparencia y respeto a los derechos humanos, sino también establecer con claridad las competencias y la corresponsabilidad para los gobiernos federal, estatales y municipales.

El proyecto de dictamen de la Ley de Seguridad Interior, que analiza la Cámara de Diputados, establece claramente que la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios deberá tener temporalidad y no podrán excederse de un año.

Además, estará sujeta a la colaboración de las entidades para contribuir con la amenaza que existe a la seguridad interior.

“La declaratoria de protección a la seguridad interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no se podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las acciones de seguridad interior a su cargo. Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de protección a la seguridad interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente, mientras subsista la amenaza a la seguridad interior que la motivó y se justifique a continuidad”, detalla el artículo 15 del documento.

En el texto de la Comisión de Gobernación, del cual EL UNIVERSAL posee una copia y que está fechado para el próximo 30 de noviembre, se señala que a la entrada en vigor de la presente ley, los estados o municipios en los que haya presencia de las Fuerzas Armadas, tendrán 90 días para solicitar la declaratoria de amenaza a la Seguridad Interior para sujetarse a esta nueva ley.

Las propias Fuerzas Armadas han pedido al Congreso de la Unión aprobar la Ley de Seguridad Interior, con el fin de dar un marco jurídico a su actuar contra la delincuencia.