La Secretaría de la Función Pública emitió un acuerdo para que las investigaciones por casos de corrupción sean asignadas a funcionarios de alto rango de la dependencia con base en los criterios de jerarquía de los servidores públicos implicados, que el monto investigado rebase los 10 millones de pesos, el impacto político o social y la importancia otorgada en los medios de comunicación.

Según el acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establece que para el caso de Auditorías respecto de asuntos “relevantes”, los Órganos Internos de Control (OIC), deberán someter a consideración del Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control a cargo, de Christian Noé Ramírez, la procedencia de remitir los hallazgos correspondientes al Área de Quejas del propio Órgano Interno de Control o a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría.

Para identificar la relevancia de los asuntos relevantes, los titulares de los OIC y los titulares de las Unidades de Responsabilidades y delegados, en las empresas productivas del Estado, deberán considerar la existencia de alguno de los siguientes elementos:

Nivel del servidor público involucrado en los hechos que se investiguen, que deberá ser igual o superior al de Director General u homólogo en las Entidades o empresas productivas del Estado.

Dos, que el monto de los recursos involucrados en los hechos objeto de investigación o auditoría, que rebase los 10 millones de pesos, tres el impacto político o social y cuatro la importancia y cobertura otorgada al tema en los medios de comunicación.

El Coordinador General de Órganos de Vigilancia hará del conocimiento del Subsecretario de Responsabilidades Administrativas, los asuntos que los OIC, para que de manera conjunta, determinen la conveniencia de que procede conforme a la ley.

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