Expertos: cambios reflejan inestabilidad

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La renuncia de Raúl Cervantes a la Procuraduría General de la República (PGR) revela la “inestabilidad” que existe en la procuración de justicia en el país, puesto que los funcionarios que han ocupado el cargo de procuradores generales están durando en promedio un año con tres meses.

La rotación que existe en el cargo, con tres procuradores a lo largo del sexenio —Jesús Murillo Karam, Arely Gómez y ahora Raúl Cervantes— ha ocasionado que no se logre continuidad, se han impedido las transformaciones institucionales a largo plazo que se requieren, y el cargo del procurador se ve como una posición política. “Genera mucha inestabilidad en la procuración de justicia en México, porque [los procuradores] están durando en promedio un año tres meses, entonces esto genera una enorme inestabilidad, no sólo laboral sino en la conducción de las investigaciones. Te da una idea del nivel de imprecisión y de improvisación que hay en los temas de procuración de justicia”, dijo Javier Oliva Posadas, investigador de la UNAM.

El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, consideró “fundamental” que los responsables de la persecución de los delitos operen en periodos estables de tiempo y ejecuten un plan de procuración de justicia y persecución criminal bien diseñado y de mediano plazo.

“Los cambios constantes de mando lo que hacen es impedir que haya transformaciones institucionales y ejecución de programas de persecución de delitos con una visión estable y de largo plazo”, señaló.

Su salida, coincidieron, podría ayudar a que el Poder Legislativo se concentre en las reformas al artículo 102 constitucional, para lograr la transformación del Ministerio Público en una fiscalía general de la República, la cual sería autónoma, tendría personalidad jurídica y su propio patrimonio, señalaron.

Salazar Ugarte opinó que la renuncia de Cervantes podría contribuir a facilitar el trabajo legislativo, puesto que, hasta el momento, se había generado una discusión pública alrededor “de la persona del procurador” y no hacia la idoneidad o no de las reglas constitucionales para operar la procuración de justicia en el país.

“Debemos concentrar nuestra atención en las reglas; hacer una revisión profunda y de gran calado, ambiciosa, a las normas constitucionales y legales para contar con un diseño y modelo de procuración nacional de justicia, eficaz y útil para combatir la impunidad y para perseguir los delitos”, dijo.

Para María Elena Morera, de Causa en Común, con la salida de Cervantes “se terminan los pretextos” que hasta el momento había argumentado el Legislativo para realizar estas modificaciones. Señaló que las consideraciones electorales podrían influir, por lo cual es necesario que las organizaciones de la sociedad civil presionen para que la reforma salga en este periodo de sesiones.

“Ya no hay pretexto de parte de algunos senadores que decían que no podían modificar el 102 constitucional, que no podía ser autónoma porque estaba ahí Raúl Cervantes. Ya no hay pretextos para no ir por una fiscalía que sirva”, agregó.

Para Marco Fernández, catedrático del Tecnológico de Monterrey e integrante de México Evalúa, es momento de tener una “discusión seria” para conformar la nueva fiscalía, pero sin prisas. Se dijo preocupado de que la renuncia de Cervantes se convierta en sí misma, en un distractor.

“Sería terrible que se apresurara el cambio de la ley, porque ahí el PRI tiene los números para hacer los cambios, y lo que quedaría aprobado no sería un modelo democrático de fiscalía”.