Ante amenazas a priísta, Corral acepta visita de CNDH

El ómbudsman estatal dice que el acusado rechazó interponer una queja
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al gobierno de Chihuahua un informe detallado de Alfredo Gutiérrez Gutiérrez, preso en el Centro de Reinserción Social. (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
30/01/2018
03:15
Luis Alonso Fierro, Xóchitl Álvarez y Manuel Espino
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Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general del PRI, denunció que recibió dos amenazas de muerte, y responsabilizó de lo que le suceda al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

En una carta, Gutiérrez narró que estaba en el servicio médico del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Aquiles Serdán, en dicho estado, cuando recibió las amenazas ayer al mediodía.

“El custodio abandonó el lugar, dejando a estas personas solas conmigo quienes fueron los que me dijeron que me ivan (sic) a chingar adonde me movieran”, escribió.

Apuntó que teme enormemente por su vida, e hizo responsable a las autoridades de la entidad del riesgo que corre su seguridad, incluyendo al gobernador Javier Corral.

Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad, informó el domingo que la fiscalía de Chihuahua solicitó el traslado de Gutiérrez Gutiérrez a un penal federal.

José Javier López García, abogado de Gutiérrez, remitió la denuncia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a cuyo presidente Luis Raúl González Pérez pidió se realice la investigación de los hechos y se tomen las medidas necesarias para defender a su cliente.

“Mayormente porque se tiene el temor fundado de que la integridad personal y vida del aquí quejoso, se encuentran en grave peligro en el lugar de reclusión”.

En el documento el defensor pide que en el ámbito de sus atribuciones “se tomen las medidas necesarias para preservar los derechos humanos de mi cliente, los cuales se estiman gravemente violentados”.

Destacó que la familia de su defendido está preocupada por el estado de su salud.

La comisión solicitó al gobierno de Chihuahua un informe detallado sobre la implementación de las medidas cautelares solicitadas la semana pasada en favor del ex secretario adjunto del PRI, preso por peculado.

El pasado 15 de enero, Antonio Collado interpuso una queja ante la CNDH por presuntos actos de tortura en contra de su cliente.

Ante ello, el organismo solicitó al gobierno de Chihuahua implementar medidas cautelares en favor de Alejandro Gutiérrez, ante las probables violaciones a sus derechos humanos cometidas por custodios.

Además, pidió informes a la Secretaría de Gobierno y a la Dirección del Centro de Reinserción Social Número 1 sobre los hechos constitutivos de la queja, para que precisaran el trato que se le ha brindado desde su ingreso al penal.

De igual forma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) en colaboración sobre la denuncia de hechos presentada por el litigante Collado Mocelo ante la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales.

Visitadores de la dependencia acudieron al penal donde se entrevistaron con Gutiérrez Gutiérrez, a quien le practicaron valoraciones médico-sicológicas especializadas.

El gobernador Javier Corral afirmó que su administración y la fiscalía estatal se someterán a la revisión de la CNDH y de organismos internacionales, para demostrar que se ha respetado el debido proceso.

Dijo que se someterán a la certificación del Protocolo de Estocolmo, de los organismos defensores porque no ha habido tortura en contra del ex secretario priísta.

Indicó que la denuncia del gobierno federal mediante la Procuraduría General de la República (PGR) “es una treta montada”, porque quieren llevarse a Gutiérrez a la Ciudad de México. “Es un treta” para atraer el caso por parte de la Federación, porque “hay un interés inaudito por tener control sobre el detenido”.

Javier Corral anticipó que su gobierno en turno defenderá en los tribunales la competencia de esa investigación en proceso.

Añadió que además de las 10 órdenes de aprehensión que existen en contra del ex gobernador César Duarte, están abiertos otros expedientes penales, y que hay cuatro carpetas que están por cerrarse, que se agregarán al proceso de extradición del ex gobernador.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aseguró que él personalmente se entrevistó con el acusado, y éste rechazó interponer una demanda ante dicha instancia.

Según el ómbudsman estatal, en días pasados estuvo en el Cereso local acompañado por un equipo médico y jurídico, el cual pudo constatar que el ex secretario adjunto delPRI no presentaba indicios de haber sido víctima de tortura, pero que se realizaron inspecciones.

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