Este mes termina un curso más en la Universidad Nacional Autónoma de México. Todo el año ha sido para la Universidad, como para el país, un periodo lleno de interrogantes, sobresaltos y preocupaciones, pero, al mismo tiempo, de esperanza y de confianza en el futuro; estamos a unos cuántos meses de concluir el periodo del actual Rector y una vez que culminen las vacaciones, al volver en el mes de agosto a las labores, los comentarios, deseos, afinidades y fobias aflorarán en toda la Universidad.

El esquema de la Ley Orgánica plantea una amplísima participación de la comunidad académica en todos los procesos de designación de autoridades y de promociones de la institución, a pesar de algunas camarillas que se han adueñado de la vida académica y administrativa de sus centros; afortunadamente, esta no es la regla general.

La comunidad universitaria desde siempre, en mayor o menor grado, ha manifestado su interés y deseo por ver fortalecida su casa, por contar con una academia más libre, más rica y más participativa; por ello, la designación de un Rector no es simplemente el nombramiento de quién dirigirá académica, administrativa o políticamente una institución, sino debe ser el coordinador de los esfuerzos de una comunidad libre, pensante, activa y profundamente diversa.

La historia de nuestra casa es muy rica en ejemplos. La Ley Orgánica de 1929 otorgaba la autonomía, pero con un carácter muy limitado, permitía la injerencia de las autoridades federales en el manejo y orientación de la institución. Esto trajo como consecuencia que a los tres años surgiera otra Ley que optó por un modelo opuesto, establecía un mecanismo de asamblea que llevó a una crisis profunda en la Universidad en 10 años; entre 1933 y 1944 hubo más de diez rectores, a veces dos al mismo tiempo, siendo desconocidos, ambos, por parte de la comunidad, situación que fomentó un divorcio entre el gobierno y la Universidad y mostró su inutilidad. En 1944, el presidente Ávila Camacho convoca a un grupo de universitarios encabezados por Eduardo García Máynez y Alfonso Caso para reorientar a la institución y su vida académica. Así surgiría la Ley Orgánica de 1945 que nos rige hasta la fecha y, con ella, una institución autónoma, dueña de sus destinos y completamente libre en su actuar.

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