En medio de la crisis migratoria en nuestro país, el Instituto Nacional de Migración (INM) alerta que derivado del gran número de personas en tránsito detenidas en nuestro país y congregadas en estaciones migratorias, y “ante su desesperación”, existe el riesgo de actos de vandalismo y destrucción de estas instalaciones.
En la justificación del contrato CS/INM/057/2023 para la contratación de más de mil cámaras de videovigilancia en las instalaciones migratorias, el INM revela que desde 2019 hasta diciembre de 2022 se vandalizaron 196 equipos en algunas estaciones migratorias.
La posibilidad de actos de vandalismo y destrucción de las estaciones migratorias puede traer como consecuencia la inhabilitación de estos espacios, generando para Migración un costo social y económico.
Lee también: VIDEO: Intenta INM y Guardia Nacional frenar a migrantes en estación de Ferromex en Chihuahua
“Derivado del gran número de personas en situación migratoria irregular que cada año son detenidas en México al no poder acreditar su legal estancia, se genera una congregación de migrantes en las estaciones migratorias y/o provisionales, lo que puede poner en riesgo las instalaciones ante el descontento de los extranjeros y probables actos de vandalismo y destrucción de las mismas, trayendo como consecuencia la inhabilitación del lugar para el desarrollo de las funciones de control migratorio, generando para el INM un costo social y económico”, dijo.
Se advierte que en caso de que se presentara un hecho en las instalaciones del INM que implique sustracción o daño a la infraestructura, implicaría costos para la reparación o sustitución de ésta y mientras se lleven a cabo estas acciones, “el INM estaría imposibilitado para monitorear las actividades que se registren en estos inmuebles”.
Casi 200 cámaras vandalizadas
En la página 86 del documento, el Instituto Nacional de Migración revela que desde 2019 a diciembre de 2022 se vandalizaron un total de 196 cámaras en alguna instalación de la dependencia federal.
Detalla que la vandalización de estas cámaras trajo costos económicos adicionales para el INM.
“Desde 2019 hasta diciembre de 2022 se vandalizaron un total de 196 cámaras en alguna instalación del INM, lo que se traduce en costos adicionales para el INM”, resaltó el documento.
Lee también: Iglesia pide a autoridades generar más espacios para los migrantes
Dice que la destrucción de cámaras trae consigo la necesidad de adquirir otras y demás componentes que se vean afectados, cuya compra estaría restringida por la Ley Federal de Austeridad Republicana.
“La compra de este equipamiento requeriría realizarse bajo la Partida Presupuestaria 5 mil del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, la cual en atención a lo dispuesto por la Ley Federal de Austeridad Republicana está restringida”.
Se indica que la destrucción de cámaras de videovigilancia también supone la necesidad del desplazamiento de personal para el reemplazo de los equipos y los gastos que esto significa, como el pago de alojamiento, transporte, alimentos y otros.
“Adicional a la compra de equipo se requiere el desplazamiento de recurso humano especializado para instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos que hayan resultado dañados y que se deban sustituir, lo que se traduce en gastos adicionales para el INM ya que se tendrían que considerar gastos de alojamiento, transporte, alimentación y demás gastos que surjan derivados de las actividades a realizar. Esto de conformidad con los lineamientos internos para el trámite y comprobación de viáticos y pasajes nacionales y gastos operativos, para las personas que sean comisionadas para cumplir con sus funciones fuera de su lugar de adscripción”.
Lee también: Aguardan por repatriación de las 10 migrantes cubanas fallecidas en Chiapas
Robo de documentación sensible
El INM advierte que la falta de monitoreo en las instalaciones internas puede poner en riesgo que se sustraiga de las áreas de Migración “información y documentación sensible”, lo que podría generar un daño no cuantificable a las personas y las instituciones, así como en general a todas aquellas personas que hacen uso de los servicios que presta el instituto.
“Esto puede generar un costo social, ya que la sociedad en general tendría que pagar los daños que pudieran surgir por filtración de información de carácter sensible.
“En este tenor, la videovigilancia a través de las cámaras permite generar evidencia para determinar probables responsabilidades de hechos delictivos o faltas administrativas y con ellos imputar responsabilidades para resarcir el daño generado, evitando que el INM asuma dichos costos”, subrayó.