“Corrupción no se da sólo en peces gordos”

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La combinación entre la alta corrupción, impunidad y desencanto con la democracia es un coctel sumamente delicado que nos puede llevar a riesgos de gobernabilidad, asegura Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el especialista en temas de corrupción y transparencia advierte que, en ese contexto, México se acerca a países que sí tienen problemas severos de gobernabilidad democrática, como Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela.

“[Eso debe] tenerlo muy presente la clase política, insisto, no sólo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino toda la clase política, y es que la posición que tiene México y que vayamos cayendo año con año, nos pone en un lugar que no le corresponde al país por su economía y por su importancia estratégica en el mundo, en un riesgo de gobernabilidad democrática”.

Esto, en referencia al último resultado del Índice de Percepción de la Corrupción (ICP) 2018 de Transparencia Internacional, en el que México volvió a caer y ahora se ubica en el lugar de 138 de 180 países más corruptos en el mundo.

En sus oficinas de la alcaldía Coyoacán, Bohórquez expresa que para dar la vuelta a esa ecuación, México tiene que hacer tres cosas que hasta el momento sólo ha visto de manera teórica: lograr sentencias, desmantelar redes y recuperar los activos económicos producto de la corrupción.

El especialista del organismo internacional coincide con el nuevo gobierno en que el combate a la corrupción no es un “asunto de peces gordos”, sino de acabar con las redes de corrupción, pero, sobre todo, “las redes de corrupción política” que mantienen la impunidad.

Tras los resultados de IPC 2018, ¿se perdió un sexenio en el combate la corrupción?

—Sí, se desaprovechó una oportunidad histórica, cuando la sociedad civil se levanta en contra de la corrupción en cualquier país, normalmente van a las calles y buscan derrocar al gobierno; pasó en Hungría, Ucrania, Rumanía, Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil y Argentina. La clase política mexicana no quiso o no pudo entender que la sociedad en México quería un cambio institucional de manera profunda.

Si tienes una ciudadanía tan consciente de lo que le interesa, preservaría la institucionalidad política y económica del país y, al mismo tiempo, transformaría la vida institucional, tienes que aprovecharla. El gobierno tuvo una oportunidad de cambiar las cosas y lo dejó pasar. ¿Fue un sexenio perdido? Fue una oportunidad desaprovechada por completo.

¿Qué pasó con la llamada “primavera de transparencia”, acaso se desaprovechó?

—Los ciudadanos no [la desaprovecharon], castigaron duramente el mal gobierno. Sí fue una Primera Árabe en un sentido porque lo que ocurrió fue que hubo una oportunidad para el gobierno de transformar las instituciones, de investigar, de dar resultados, dejó pasar la oportunidad y la ciudadanía se manifestó después en las urnas. Creo que hubo un voto de castigo en contra de un sistema que no se animó a transformarse y a cambiar.

¿Qué problemas de gobernabilidad podrían presentarse en México por la corrupción?

—Nos estamos acercando a países que sí tienen problemas severos de gobernabilidad democrática, como Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela, casos que debe tener muy presente la clase política, insisto, no sólo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y es que la posición que tiene México y que vayamos cayendo año con año, nos pone en un lugar que no le corresponde al país por su economía y por su importancia estratégica en el mundo.

¿Qué han encontrado con este tipo de estudios?

—México es, después de Venezuela, el país que tiene mayor insatisfacción con la democracia.

¿Eso a dónde nos puede llevar?

—La combinación entre la alta corrupción, impunidad y desencanto con la democracia es un coctel sumamente delicado que nos puede llevar a riesgos de gobernabilidad democrática.

¿Qué tendría que hacer México para que la percepción de la corrupción cambie?

—Lo primero [que se debe hacer en] toda caída es pararla. Esa oportunidad la tuvimos en 2015 con la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, pero en 2016 y 2017 lo que hubo fue resistencia de la clase política, que ni siquiera pudo echar a andar el andamiaje básico del sistema nacional para ver si funcionaba o no.

¿Con eso se resuelve el problema?

—Eso no quiere decir que ya se resuelve el problema. ¿Cómo podría el mundo saber que si estamos dando resultados? Con tres asuntos que son teóricos para México que no hemos visto en la práctica. Primero, que haya sentencias, no sólo detenidos.

¿No les preocupa la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no castigará a la corrupción del pasado?

—El Presidente puede hacer declaraciones políticas que tiene que ver con la estabilidad del país, pero quien decide realmente qué investigar y qué enfrentar es el Fiscal [General] de la República, por eso tiene autonomía constitucional, para que la justicia no dependa de un cálculo político.

Yo coincido con el Presidente en que este no es un tema de peces gordos, es un tema de redes de corrupción y redes de corrupción política que las protegen.

¿Como por ejemplo en el combate al robo de combustible?

—El tema del [combate al] robo de combustible, cuando te metes en serio al asunto, lo que hubiéramos hecho históricamente es ir por un ex director de Pemex y entonces administrar el tema durante los tres años antes del proceso electoral. No sé si hay un ex director involucrado, lo que sé es que lo que hasta ahora hemos visto es una red bastante poderosa de corrupción que involucra a presidentes municipales, notarios y hasta empresas fantasma. El punto es que el Presidente puede enviar una señal política, pero el que tiene que actuar con o sin esa señal es el fiscal General de la República, [Alejandro Gertz].

¿Es decir, el fiscal tendría que actuar de oficio?

—Ya no se necesita presentar una denuncia para que se inicie una investigación por corrupción, con lo que publique un medio se puede iniciar una investigación de oficio y es el fiscal General quien tiene que conducirla.

¿Cuál sería el segundo tema?

—Que se vaya por la red completa y no sólo por la cabeza visible. Sé que por ejemplo en el caso de Nuevo León, el ex gobernador [Rodrigo] Medina libró la investigación en su contra, pero el ex mandatario no actúo solo, había una red de corrupción que no se desmanteló. No me parece una política eficaz contra la corrupción ir por una persona, por la cabeza, y dejar que la red opere sin problema.

¿El tercer tema?

—La recuperación de activos, esto es ciencia-ficción en México. Para el caso de Javier Duarte la cifra que se manejó periodísticamente fue de 40 mil pesos, vamos a suponer que fueran mil millones, ese dinero no desapareció, está en algún lado, compró casas, aviones, yates y propiedades, o está en algún paraíso fiscal y de pronto pareciera, al tenor de las investigaciones, que sólo con las detenciones se resuelve todo, como si el dinero no se hubiese desviado y esté alimentando alguna cuenta de banco.

La fórmula es muy sencilla: sentencias, no detenciones, que vayan por la red completa de corrupción y que vayan por los activos, ya ni siquiera entro al tema de la reparación de daño que está demasiado lejos de nuestro sistema de justicia.

¿Por qué en México no ha sido eficaz el combate a la corrupción?

—Porque no hay sentencias, hay muchas detenciones, pero no hay sentencias, no se recuperan los recursos públicos que se desviaron, y no se va por la red. El peor escenario para un integrante de una red de corrupción es que lo preliberen en tres años y medio y que al final del arcoíris haya 10 mil millones de pesos, si eso no es una invitación a corromperse, entonces no sé que lo sea.