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El gobierno del presidente Felipe Calderón tiene razón en estar irritado con Estados Unidos, asegura John Bailey, director del Proyecto México en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, porque la nación vecina ha hecho poco para reducir el tráfico de armas y el consumo de drogas.

“Me da pena como ciudadano que la respuesta del gobierno de Estados Unidos: promete, ofrece y propone, pero no cumple o no se nota un avance muy importante para disminuir el consumo (de droga). En términos de tráfico de armas hay mucha timidez hacia la National Rifle Association, en lo que respecta a las ventas y controles de tráfico de armas, y no veo que haya avances importantes”, afirma.

Beiley, quien por más de cuatro décadas ha investigado temas de seguridad nacional y narcotráfico de nuestro país, advierte en el contexto de lucha contra el crimen organizado delitos como el secuestro que tiene un gran impacto en las élites y la sociedad ha llegado a niveles como los de Colombia y Venezuela, lo cual no se debe tomar a la ligera.

“El secuestro es algo que en México ha llegado a niveles muy difíciles, como en Colombia y Venezuela, donde este delito ha llegado a ser un problema muy impactante. Sin embargo, puede que sea algo que junte a las élites en contra de la inseguridad y cooperar más con el gobierno”, señala.

El especialista, en entrevista con EL UNIVERSAL, previo a su participación en la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, organizada por la UNAM, coincide con las visiones de los ex presidentes de Brasil, Colombia y México en que se debe debatir la despenalización de la mariguana.

“Si hay una despenalización y reglamentación fuerte como con el tabaco y el alcohol, puede haber una liberación de recursos para enfocarse más al combate de otras drogas… Además le quitas a esos grupos una ganancia importante, no es la solución, pero puede que ayude”, dice.

Sobre la estrategia del presidente Calderón contra la delincuencia sostiene que va por el “camino duro, pero necesario” para enfrentar a los grupos delictivos. Aunque grupos de derechos humanos tengan visiones encontradas en el uso de las fuerzas militares, debido al problema que resultan las violaciones a las garantías.

Destaca que si no hay “un evento de grandes dimensiones”, como un desastre natural o un crimen muy violento, que impulse a actores políticos, empresarios y sociedad civil, no habrá un pacto político que una al gobierno y sociedad en una estrategia y seguirá el pleito por la competencia sobre todo a un año previo a la elección presidencial.

“Pero eso es algo que pasa aleatoriamente, que llegue la sociedad civil harta, que haya un evento muy espectacular, donde que los partidos políticos estén dispuestos a cerrar filas, pero todo eso depende de los eventos de la política”, explica.

Bailey sostiene que quienes critican la estrategia calderonista contra la delincuencia no ponen sobre la mesa las alternativas, que en su opinión son priorizar los esfuerzos en contra los grupos más violentos y poner atención en la coordinación entre las agencias de inteligencia como sucedió en Colombia.

El académico comenta que las revelaciones de los cables de WikiLeaks sobre los aparatos de inteligencia militares y civiles del país “dan la impresión” que en el todavía no se ha llegado a ese nivel de coordinación, pero si mejoran puede haber un avance muy importante en contra de grupos.

Advierte que no se debe usar al Ejército con fines políticos. “Cuando el Ejército entra a un operativo en contra de una figura importante, cambia su rol, es un instrumento que se puede utilizar con propósitos políticos, lo que entra en un terreno muy difícil, con los riesgos del desprestigio”.

“Si las fuerzas armadas no controlan al crimen organizado, entonces no son eficaces y sí se politizan también sufren un desprestigio”, añade el investigador estadounidense.