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CNDH no investiga denuncias, acusan

Justicia en México, plagada de violaciones a garantías: ITAM
CNDH no investiga denuncias, acusan

ENTREDICHO. El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )

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Lunes 18 de octubre de 2010 Thelma Gómez | El Universal
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claudia.gomezd@eluniversal.com.mx

Detenciones arbitrarias, cateos ilegales, agresión física y sicológica e intimidación son algunas de las violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR). Ciudadanos del país las denunciaron y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) las tenía que investigar. En la mayoría de los casos no lo hizo.

Un estudio realizado por el Programa Atalaya, proyecto del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), encontró que la CNDH tiene “inconsistencias en su desempeño”, no investiga a fondo graves violaciones de derechos humanos como la tortura y, por lo tanto, “ha resultado ineficaz para erradicar, o por lo menos moderar, los vicios crónicos del sistema de procuración de justicia”.

La investigación del Programa Atalaya también detectó que la procuración de justicia en México está plagada de irregularidades, de violaciones a los derechos humanos “prácticamente en todas sus etapas”.

El estudio refleja que la procuración de justicia se basa en “violar derechos humanos para lograr resultados” y la CNDH, “en lugar de ser una pieza correctora del sistema, es una pieza que se integra al sistema”, dice el investigador Miguel Sarre, del Proyecto Atalaya.

Analizaron 48 quejas presentadas ante la CNDH, en contra de la PGR. Los expedientes fueron seleccionados al azar. Se trata de quejas presentadas entre 2004 y 2009.

El estudio evaluó la comunicación que la CNDH mantiene con los quejosos, la calidad de las solicitudes de información que dirige a la autoridad, el desarrollo de la investigación, el acopio de evidencias y su valoración, las quejas y denuncias que se interpusieron, la aplicación de las normas y estándares en materia de derechos humanos y la justificación de la conclusión de las quejas.

En todos los puntos se encontró que la CNDH es deficiente.

Evidencias que se ignoran

Los investigadores del Programa Atalaya encontraron que la CNDH “persiste en su política general” de no entablar contacto con los quejosos. Además, omite recabar las evidencias que le permitan adquirir plena certeza sobre la veracidad o falsedad de los hechos denunciados.

Antonio López Ugalde, autor del estudio Desempeño de la CNDH en la atención a quejas contra la Procuraduría General de la República, explica que en la mayoría de los expedientes analizados la CNDH no investigó en forma adecuada.

Incluso, se detectó que en diversos expedientes la comisión excluyó de la investigación, en forma deliberada, hechos presuntamente violatorios.

En los 48 casos, afirma, las quejas tienen elementos que las hacen ser verosímiles, pero la comisión concluyó la mayoría de los casos con la frase: “No se acreditaron violaciones a los derechos humanos”.

Por lo menos, en la cuarta parte de los casos en que se dio esa respuesta, “sí existían evidencias claras de violaciones de derechos humanos, pero se ignoraron. Se tropiezan con las evidencias y no las investigan”.

Otro hallazgo fue que la CNDH concluye los expedientes cuando el quejoso es sometido a un proceso penal.

Para López Ugalde esta acción es grave porque “se validan, justifican o legitiman las violaciones a los derechos humanos cometidos por la PGR”.

Tortura y detenciones ilegales

De los 48 expedientes analizados, en seis se encontró denuncias de actos de tortura y violencia. En ninguno de ellos, señala el estudio, la CNDH ejerció “a plenitud” las facultades que se derivan de su carácter de mecanismo nacional de prevención de la tortura.

La comisión, apunta el estudio, se limitó a solicitar informes a la PGR. Además, no intervino para proteger la integridad de las presuntas víctimas.

“No hay una investigación sobre la cadena de custodia de los detenidos. Si realizara eso, se podría prevenir la tortura”, comenta Miguel Sarre.

Además, los expedientes analizados muestran que la CNDH tuvo información que apuntaba a la existencia de presuntos delitos realizados por servidores públicos, como robo, privación ilegal de la libertad y alteración de hechos en las averiguaciones previas. “En ninguno de estos casos, la CNDH ejerció su facultad constitucional de interponer denuncias penales ante la autoridad competente”.

También se comprobó que la comisión no solicita a la autoridad la “enmienda, corrección, aclaración o complementación de sus informes”, aún cuando éstos son contradictorios, imprecisos o incompletos.

En materia de transparencia el Programa Atalaya encontró fallas en la CNDH. En 24 expedientes se detectó que se eliminaron fojas. “La eliminación no parece casual o errónea, sino deliberada”, sobre todo porque la información faltante son informes de las autoridades involucradas, certificados médicos o partes policiales.

EL UNIVERSAL solicitó a la CNDH su postura sobre el estudio realizado por el Programa Atalaya, y respondieron que ninguna autoridad de la comisión podía hablar del tema porque no conocían el estudio.

Los investigadores mostraron a este diario un oficio dirigido al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, en donde se le informa sobre el estudio y se le entrega una copia. El oficio fue recibido por la comisión el 17 de agosto de 2010, consta el sello de la oficialía de partes de la comisión de derechos humanos.

Reformas necesarias

El estudio del Programa Atalaya no sólo muestra el desempeño de la CNDH. Al analizar cada uno de los 48 expedientes se encuentra que la PGR tiene “patrones de actuación”, en sus procedimientos para la investigación y persecución de los delitos.

Antonio López Ugalde recuerda algunos: averiguaciones previas mal integradas, construcción de culpables a través de la coacción de las declaraciones, casos en los que las personas aseguran que fueron detenidas en el interior de sus casas, pero los agentes de la PGR declaran que se les detuvo en el flagrancia en la vía pública.

Se encontró que existe una demora en poner a las personas bajo la responsabilidad de la autoridad competente, violencia durante los traslados y presiones para firmar actas cuyo contenido no conoce el inculpado.

Para el investigador Miguel Sarre, estos casos muestran la urgencia de cambiar el sistema de justicia: “No se logrará la capacitación y profesionalismo que requiere nuestra policía, si le dejamos abiertas las puertas para investigar los delitos, violando derechos humanos”.



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