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La Procuraduría General de la República (PGR) tiene bajo el sistema de testigos protegidos a personas que para evitar pisar la cárcel prefieren no sólo delatar a sus ex cómplices, sino también mentir. Muchos de estos delincuentes arrepentidos, de acuerdo con especialistas y abogados, falsean declaraciones para seguir en libertad e incluso gozar de un sueldo que les da el citado programa oficial.

Uno de estos casos fue el del testigo protegido Fernando, quien supuestamente identificó en junio de 2008 en las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) a dos personas que aseguró eran los miembros del cártel de Tijuana, Raidel López Uriarte, El Muletas, y José Filiberto Parra Ramos, La Perra, pero mintió.

Los dos capos del cártel de Tijuana fueron detenidos en 2009 y 2010, respectivamente pero, pese a ello, el ahora colaborador de la PGR sigue en el programa de testigos protegidos, según el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/225/2008 en poder de EL UNIVERSAL.

Otros tres testigos protegidos, Ricardo, Emilio y Paco, son ejemplos de cómo sus declaraciones no han podido ser probadas legalmente. Ellos acusaron de pertenecer al cártel de La Familia Michoacana a funcionarios y alcaldes de esa entidad, pero todo fue un ardid.

Ubicaron a éstos en fiestas de narcos e incluso en amoríos, compadrazgos y en fotos con criminales o los acusaron de recibir financiamiento del narco para sus campañas. Todo quedó en dicho, porque los fiscales de la PGR no lograron probar las declaraciones de los testigos.

El empleo de los testigos protegidos, integrado por mafiosos arrepentidos o sus colaboradores, ha suscitado controversias por la falta de un marco legal adecuado para utilizar sus testimonios, afirma el especialista Ghaleb Krame. Y como lo han propuesto jueces y magistrados federales, el experto en materia de seguridad nacional de la Alliant International University campus México, argumenta que debe haber reglas claras para que las declaraciones de testigos protegidos tengan validez y certeza jurídica.

En primer lugar, establece, las declaraciones de un testigo colaborador deben estar corroboradas con otros medios de prueba, deben abarcar un determinado lapso, tomarse bajo reglas y circunstancias claras, deben otorgarse las protecciones y medidas de seguridad adecuadas, no pueden ni deben forzarse para cuadrar o fabricar culpables, entre otras condiciones más.

Para el abogado penalista Daniel Corona los testigos protegidos han sido utilizados de manera arbitraria por las autoridades. Incluso hay casos en los que varios de ellos han emitido testimonios sobre hechos sucedidos después de que se acogieron al programa.

Hay quienes como testigos protegidos se prestan a dar declaraciones inverosímiles y durante los interrogatorios no las pueden sostener, pero que provocan que mucha gente padezca cárcel por años, pierdan su reputación, patrimonio y familia. Hasta ahora, y aunque sobran casos en los que se han comprobado que testigos protegidos han incurrido en mentiras, no hay uno solo de ellos que haya sido castigado legalmente.

Sobre el tema, la PGR se reservó informar sobre el número de lo que la institución llama testigos colaboradores, lo mismo que el pago y beneficios que reciben. Tampoco hubo comentario alguno sobre si se produjo o no la reestructuración del programa que anunció el titular de la dependencia, Arturo Chávez Chávez, luego del suicidio y ejecución de dos de sus colaboradores.

Testimonios a destiempo

Era el 23 de junio de 2008 y desde atrás de un vidrio polarizado se los señaló a los fiscales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de entre 58 detenidos en un bautizo en Tijuana, Baja California. Fernando, nombre clave del testigo protegido, los tuvo a metros y los observó a detalle para identificar.

Declaró que no tenía ninguna duda, que entre aquellos hombres estaban Raidel López Uriarte, El Muletas, y José Filiberto Parra Ramos, La Perra. Incluso, para dejar claro que no se equivocaba de a quién identificó, marcó y estampó su huella dactilar y firma en un álbum de fotografías donde supuestamente aparecían quienes, según él, eran los dos operadores y sicarios de la célula del cártel de Tijuana que comandaba en ese entonces, Teodoro García Simental, El Teo.

Estando en presencia de las 58 personas detenidas, relata en el expediente un fiscal, el testigo Fernando mira físicamente a cada una, reconociendo de entre éstas a El Muletas y a La Perra, como integrantes de la célula de El Teo.

Posteriormente, el mismo colaborador de la PGR hizo ante los fiscales una reseña de cómo conoció a ambos en Tijuana. “Después de que yo salí del Cefereso de Tamaulipas, en agosto de 2006, puse una tienda de ice para vender droga, ya que Gustavo Rivera, El P1, me fiaba las libras de ice que costaban 9 mil dólares y contraté a tres muchachos”.

“Pero como El Teo, agregó el testigo, tenía muchas tiendas de ice de baja calidad y todas eran cuidadas por El Muletas y La Perra, comenzaron a amenazar a mis trabajadores, especialmente porque se empezó a correr la voz de que yo vendía ice de mejor calidad. Yo tuve que hablar con Gustavo Rivera y quise hablar con los hombres de El Teo, pero me sacaban la vuelta.

“En noviembre o diciembre de 2007 Gustavo (Rivera) me hizo una cita y me dijo que tenía que ir solo y sin armas a un Gigante de la colonia Mariano Matamoros. No sabía que la cita era para arreglar los malos entendidos que tenía con El Muletas por mi tienda de ice. Cuando llegó El Muletas junto con la otra persona que reconocí y que por eso estoy seguro de reconocerlos, le presenté a los tres muchachos que trabajaban conmigo para que si su gente los veía no los amenazara, pues todos pertenecíamos al cártel de Tijuana de los Arellano Félix”.

Pero no sólo los reconoció en la SIEDO. El 19 de septiembre de 2008 los volvió a identificar en una audiencia en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco. Ahí, Fernando insistió en conocer a los detenidos en junio de 2008 como El Muletas y La Perra, según informes oficiales.

Lo cierto es que El Muletas fue detenido el 8 de febrero de pasado, es decir, casi 18 meses después de que Fernando lo reconociera en la SIEDO y en un juzgado. La Perra fue detenido el 11 de junio de 2009, un año exacto luego de que la acusación de testigo protegido.

El caso Michoacán

Hay otros casos similares donde las declaraciones de los testigos protegidos de poco han servido o de plano han dejado en evidencia su poca credibilidad ante los jueces. Por ejemplo, en el caso de los colaboradores de la PGR identificados como Ricardo, Emilio y Paco sus testimonios fueron el soporte para acusar a alcaldes y funcionarios de Michoacán detenidos el 26 de mayo de 2009.

Los citados testigos los acusaron de mantener vínculos con el cártel de La Familia Michoacana. Sin embargo, sus declaraciones, que causaron uno de los escándalos judiciales más sonados, no fueron acompañadas de pruebas adicionales. Todo derivó en la declaración de libertad de la mayoría de los acusados.

Al igual que en el caso de Fernando, los tres testigos colaboradores, en quienes se apoyó la PGR para arraigar y posteriormente enviar a la cárcel a los alcaldes y funcionarios michoacanos, tienen en común el haber sido integrantes del cártel de La Familia Michoacana.

Uno fue policía ministerial y otros dos sicarios, aunque uno de ellos, Paco, se autodefinió también como integrante de Los Zetas cuando existía una alianza de palabra entre esas organizaciones criminales, de acuerdo con informes contenidos en el citado expediente del caso.

Entre los acusados y a quien se concedió la libertad por falta de elementos para procesar fue a Citlali Fernández González, ex secretaria de Seguridad Pública estatal y asesora del gobernador Leonel Godoy. A ella, Paco la señaló como quien fungía como “enlace” de La Familia Michoacana con la élite del poder político en la entidad.

Incluso, Emilio la ubicó en una fiesta con narcos y Ricardo la señaló como pareja sentimental de uno de los jefes de La Familia Michoacana, Dionisio Loya Plancarte, El Tío.

Esas declaraciones de los testigos protegidos nunca se pudieron probar.