El Universal: Noticias de México y el Mundo.

De facto existe una negociación entre el poder político y los líderes del crimen organizado, acusó el investigador de la UNAM, Luis Astorga, “porque de otra manera no se explica cómo hay ciertas preferencias de los grupos delincuenciales por atacar; lo vimos en las elecciones, en ciertos lugares del país hubo preferencias por eliminar y amenazar a candidatos de ciertos partidos”.

Durante la mesa de debate “Drogas, Cultura y Sociedad”, organizada por el Museo Rufino Tamayo, dirigido por Sofía Hernández Chong Cuy, el académico del Instituto de Investigaciones Sociales presentó un análisis y mapas del país, mediante los cuales expuso la correlación que existe entre la producción y tráfico de drogas con las posiciones de gobierno estatal y municipal del PRI, PAN y PRD.

No hay duda para el especialista que en el escenario de operaciones del crimen organizado distintos partidos “están gobernando estados productores, en donde circula la droga hacia Estados Unidos y no hay un solo partido político que no tenga responsabilidad en esto (...), en otras palabras, no hay nadie que pueda tirar la primera piedra, sólo hay unos que tienen más responsabilidad que otros”.

Detalló que si se cruzan estados productores de droga y las rutas del trasiego de los estupefacientes hacia Estados Unidos, se verán entidades como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con autoridades del PRI.

Se refirió también a gobiernos como los de Sonora y Baja California, a cargo de panistas, o el de Baja California Sur, que tiene una administración perredista.

“¿Qué significa esto? Que la droga que no se produce aquí, que se introduce a México, llega por alguno de estos puntos y pasa forzosamente por quienes están en posiciones de poder ahí. Los que tienen que combatir en esos lugares son quienes tienen el poder”, dijo Astorga.

Visión de Estado

Para el experto es claro que la delincuencia, en cualquier parte del mundo, se tiene que apoyar en la clase política, porque las mafias no generan cuadros para convertirlos en autoridades electas, ni crean partidos para suplantar al oligopolio, que por ejemplo, se tiene en México.

En este escenario, señaló, se requiere una visión de Estado en la que intervengan todos los niveles de gobierno, pues la clase política en las distintas regiones del país tiene tres opciones: “Aplicar la ley, asociarse con los narcos o que los traficantes se les suban a la yugular”.

Indicó que para aplicar la ley contra el narco y el crimen organizado “se requiere de un pacto político en donde los distintos partidos van a tener que dejar de meter las manos si es que tienen vínculos peligrosos y entonces sí, aplicar la ley, o tendrán que establecer relaciones de negociación donde saldrán beneficiados algunos políticos y funcionarios de policía”.

Astorga se refirió al cambio que implicó estar bajo un régimen de partido de Estado a la alternancia política, pues eso impactó en la forma de operar de los grupos del narco. “Antes, el Estado era el único árbitro, el que imponía las reglas del juego, bastaba con algunos comandantes de la Dirección Federal de Seguridad para mantener a raya a los narcotraficantes. Hoy, ante la ausencia del árbitro, hay una lucha por la hegemonía entre bandas y un escalamiento de la confrontación”, dijo el investigador.

También destacó que los grandes grupos del crimen, como el de los Arellano y el cártel del Golfo, se crearon en el régimen de partido único, pero hoy con la alternancia del poder, “la única organización fuerte que ha seguido es La Familia Michoacana y está más vinculada al cambio del poder, del PRI al PRD en esa entidad”.

Las ganancias

Dijo que en México existen organizaciones del tráfico de drogas muy fuertes “que están creando problemas de ingobernabilidad en el país”, al disputarse un negocio que les deja grandes ganancias.

Tony Payán, académico de la Universidad de Texas, en El Paso, apuntó que no se trata sólo de criticar al gobierno, pues los cuatro sexenios anteriores se aplicó una política antidrogas que no ofreció ningún resultado y aunque se podría debatir si la estrategia actual ha sido la correcta, lo cierto es que se pasó a la acción.

En el mismo foro estuvieron presentes Alejandro Páez Varela, subdirector editorial de EL UNIVERSAL, así como los escritores y colaboradores de Kiosko, Rafael Pérez Gay y Guillermo Fadanelli.

Páez Varela lamentó que en los cambios de gobierno una administración se va, pero deja una nueva losa “sobre el lomo de los ciudadanos”, y dijo que ante una cifra de 28 mil ejecuciones en lo que va del sexenio, “nos dejan ríos de muertos”. Destacó que la salud, la educación y el trabajo combatirían mejor a la delincuencia que el Ejército y las ametralladoras.

Porvenir afectado

Pérez Gay deploró que hoy el “México violento se haya instalado entre nosotros” y peor aún, que pasarán muchos años antes para salir de este penoso escenario.

Fadanelli criticó la discusión austera en torno a las drogas, que no ha permitido trascender al conservadurismo con el que se ha visto el tema.

Élmer Mendoza, reconocido escritor de Sinaloa, autor de La Reyna del Sur, compartió la experiencia de la narrativa ante los hechos que se han registrado en el país, no sólo en los últimos años, sino en las décadas anteriores.

También en el Tamayo, el escritor Antonio Navalón dijo que prácticamente “toda nuestra vida está afectada por el tema de las drogas y la violencia”, y la pregunta obligada es: “¿Y el Estado dónde está?”.