En 2008, el gobierno federal gastó 616 mil 736 millones de pesos más que lo autorizado por la Cámara de Diputados en el paquete económico, recursos que en mayor medida se destinaron al gasto corriente, en específico a servicios personales.

En San Lázaro comenzó el análisis de los resultados de la Cuenta Pública 2008, con el capítulo I sobre Hacienda. Ante los legisladores, el auditor Juan Manuel Portal informó que el aumento de más de 600 mil millones de pesos en gasto contrasta con los alcances de los programas de gobierno conforme a las auditorías de desempeño, que arrojaron que sólo 36.4% de los programas superaron sus metas, 48% las cumplió según los planes y 14.9% no alcanzó ni siquiera una calificación aprobatorio.

Como resultado de una revisión al ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas, se determinó que Hacienda reasignó 9 mil 538 millones de pesos a diversas dependencias, entidades y fideicomisos, a pesar de que por las fechas, era imposible que se devengaran. Lo anterior se suma a los 67 mil 587 millones de pesos que se transfirieron sin justificación de contingencia o urgencia, lo que quebrantó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En clasificación administrativa la ASF catalogó como incumplidas a las secretarías de Reforma Agraria, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Energía.

La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, Esthela Damián (PRD) llamó a aprobar reformas que puedan combatir la opacidad en el uso de recursos públicos federales, pues la corrupción es lo que prevalece cada año en cada entrega de los resultados de la Cuenta Pública.

El priísta Sebastián Lerdo dijo que es prioritario detener el “desbordamiento” del gasto corriente del gobierno federal, “las metas en 2008 se incumplieron: basta citar que el Producto Interno Bruto sólo creció 1.3%, prácticamente un tercio de la meta comprometida y lo que prevaleció fue la ineficiencia recaudatoria”.

El panista Daniel Ávila pidió esperar a que termine el plazo de resarcimiento de las observaciones, pues no pueden levantarse juicios en tanto las áreas del gobierno no tengan la oportunidad de corregir cualquier error.