De 2004 a 2007, la Procuraduría General de la República (PGR) destinó al menos 36 millones de pesos en la aplicación del Programa de Protección de Testigos y ahora por instrucción del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) la dependencia tendrá que dar a conocer el número de personas que se han sometido a este programa de 2006 a 2009, así como el gasto ejercido para su seguridad.

El IFAI revocó la clasificación de información de PGR, que argumentó que al revelarse esto “representaría un perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de delitos, impartición de la justicia… estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos, hasta en tanto las resoluciones no causen estado”, como establece el artículo 16 del Código Penal.

La ponencia de la comisionada Sigrid Arzt Colunga consideró que los solicitados por un ciudadano, a través de la Ley Federal de Transparencia, era “estadística” que no impide acciones para evitar la comisión de delitos ni forma parte de averiguaciones previas.

La comisionada dijo que era inadmisible que la PGR haya clasificado la información cuando ha publicado en boletines de prensa y en solicitudes de información el número de testigos protegidos y los gastos destinados para su seguridad.

El comisionado Ángel Trinidad Zaldívar mencionó que era de llamar la atención que PGR quiera más alcances al artículo 16 del Código Penal, “que de por sí son a veces bastante cuestionables, pero legales, a los que tenemos que atenernos hasta que no se determine otra cosa por parte de la Corte”.