Estados Unidos consideró ayer que, a pesar de los esfuerzos del gobierno de México por respetar los derechos humanos, el grado de violencia e impunidad con el que siguen actuando ciertos elementos del Ejército y de las fuerzas de seguridad en su guerra contra los cárteles de la droga, arroja un panorama desolador con un inventario de secuestros, asesinatos, tortura, corrupción e impunidad dentro del aparato de justicia.

Además, por primera vez, el gobierno de Estados Unidos externó su preocupación por el surgimiento de grupos de “vigilantes” como los que han aparecido en el municipio de San Pedro Garza García, en Monterrey, Nuevo León para dar carta de naturaleza a organizaciones de sicarios que actúan al margen de la ley y al servicio de intereses ocultos para combatir al crimen organizado.

La denuncia, contenida en un informe de 18 páginas sobre México, fue presentada ayer por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, como parte del reporte anual en materia de derechos humanos que es requerido por el Congreso estadounidense para valorar los programas de ayuda y cooperación con poco más de 140 países en todo el planeta.

El informe, un inventario de los abusos y denuncias que apuntan contra el Ejército mexicano y distintos cuerpos de seguridad municipal y estatal, se fundamenta en los reportes de organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos nacionales e internacionales, y se ha convertido en punto de referencia para la agenda bilateral entre México y Estados Unidos.

Esta situación de abusos, “que ya ocupa gran parte de la atención” del embajador de EU en México, Carlos Pascual, “tiene mucho que ver con el nivel de violencia, el ambiente de impunidad, con el tipo de respuesta institucional y con la sensación de que los tribunales y el sistema judicial no son tan fuertes como deberían ser”, dijo Michael Posner, secretario adjunto para la Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado.

El reporte recoge las cifras aportadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según las cuales, poco más de 8 mil personas perdieron la vida en hechos de violencia vinculados a la guerra entre y contra los carteles de la droga en distintos puntos de México.

“El gobierno federal o sus agentes no han cometido ningún crimen por razones políticas. Sin embargo, hay informes que indican que elementos de las fuerzas de seguridad, actuando dentro y fuera de la línea del deber, asesinaron a varias personas, incluidos menores de edad durante el año pasado”, asegura el reporte del Departamento de Estado.

El documento hace alusión al aumento de los hechos de violencia desde que el gobierno del presidente, Felipe Calderón, ordenó el despliegue de aproximadamente 50 mil militares en un total de 10 estados de la República.

Durante el año pasado “la CNDH dirigió a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) un total de 30 recomendaciones (para investigar más a fondo) sobre violaciones cometidas (por sus efectivos) durante varias operaciones antinarcóticos, una cifra muy superior a las 14 recomendaciones emitidas en el año 2008”. De este total, la Sedena sólo aceptó investigar un total de 19.

Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) “han criticado a la Sedena por la falta de transparencia en la información que hace pública”, así como por los casi nulos resultados que se producen después de un proceso judicial.

A manera de ejemplo, el informe asegura que, a pesar de que desde 2006 se han procesado y sentenciado a 12 soldados “por ofensas sin especificar” y que otros 53 permanecen bajo investigación por supuestos abusos. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reconoció a la organización HRW que “sólo un soldado ha resultado convicto” desde el inicio de la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

El informe dice que, aunque México se ha adherido al Protocolo de Estambul contra la tortura, aún queda un largo tramo por recorrer, pues sólo 12 de las 31 entidades federativas lo han ratificado.

La dureza del reporte no ha pasado desapercibida para organizaciones como la Oficina en Washington para América Latina (WOLA), para la que el deterioro de los derechos humanos en México podría complicar la liberación de los fondos restantes de la Iniciativa Mérida.

“Este año el Departamento de Estado la va a tener muy difícil a la hora de justificar ante el Congreso los progresos de México en el terreno de los derechos humanos”, consideró Maureen Meyer.

Finalmente, el informe hace alusión al “ambiente de peligrosidad” que atenta contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo y menciona la muerte de los 12 periodistas asesinados durante 2009 por haberse atrevido a informar sobre las actividades de funcionarios corruptos, de narcotraficantes o del crimen organizado.