La propuesta federal para combatir la obesidad y el sobrepeso se “restringe a proponer el cambio de hábitos y adopción de estilos de vida saludables, colocando la responsabilidad de las elecciones alimentarias en la población”, lo que hace que se “invisibilicen” las dimensiones de problemas sociales y “quita responsabilidad a la política de salud gubernamental”, planteó el Observatorio de Política Social y de Derechos Humanos.

Mediante un documento, dicha organización dijo que ante la propuesta del gobierno, presentada bajo el nombre de Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, “debemos estar pendientes de las acciones que se realizarán para prevenir y tratar la obesidad infantil”.

La organización, que depende de la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide-Social), hace un llamado a “presionar para que los intereses comerciales de las empresas de alimentos procesados no prevalezcan por encima del interés público”.

La agrupación, que preside Clara Jusidman, señala que los efectos de la obesidad afectan directamente el derecho que tiene toda persona a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, así como el derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del mas alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual.

La obesidad infantil, refiere, se asocia con una mayor probabilidad de muerte prematura y discapacidad en la edad adulta y aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.

La diabetes mellitus, la apnea del sueño —trastorno que provoca en las personas el dejar de respirar cuando duermen—, el asma, la gloméruloesclerosis —término que se utiliza para describir el tejido cicatrizado que se presenta dentro del riñón en los vasos sanguíneos llamados glomérulos y que ayudan a los riñones a filtrar la orina de la sangre— y los cálculos biliares, entre otros.

A partir de la Convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Observatorio establece que el Estado tiene la “obligación de asegurar, como mínimo, la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos, por lo cual deben adoptar medidas preventivas.

“Impartir educación y proporcionar acceso a la información relativa a los principales problemas de salud, con inclusión de los métodos para prevenir y combatir esas enfermedades epidémicas y endémicas”.

El Observatorio afirma que ante eso “el gobierno ha sido omiso en desarrollar políticas de protección a la salud y prevención de la obesidad, que regulen y sancionen la publicidad de alimentos chatarra, informe a la población de los severos daños que ocasiona el consumo de estos productos y promueva la oferta de alimentos de buena calidad”.