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Ante el compromiso que asumieron senadores con el gabinete de seguridad para reactivar la discusión de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, PRI y PRD avanzan en la negociación para aceptar la declaratoria de “estado de emergencia” y suspensión de garantías individuales cuando el crimen organizado y el narcotráfico amenace la seguridad interior.

Pero esta declaratoria la haría el Congreso y no el titular del Ejecutivo federal, como propone el presidente Felipe Calderón.

Los partidos de oposición coinciden en que la actuación del Ejército para combatir a células delictivas y participar en tareas de seguridad pública debe regularse, pues de lo contrario se hacen metaconstitucionalmente.

El presidente del Senado, Carlos Navarrte (PRD), llamó al Ejecutivo federal a fijar el plazo de la presencia militar en las calles. El senador Graco Ramírez (PRD) consideró que no se puede “militarizar la acción de seguridad pública como una tarea metaconstitucional, sino reconocer emergencias y definir en qué momento y de qué manera se actúa con las Fuerzas Armadas o no”.

El senador priísta Fernando Baeza, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, advirtió que el “estado de emergencia” que propone el Ejecutivo debe apegarse al artículo 29 de la Carta Magna, que establece que el Presidente sólo podrá declarar la desaparición de garantías individuales con el aval del Congreso de la Unión.