Organizaciones dedicadas a la transparencia y el acceso a la información hicieron un “respetuoso llamado” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que determine la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Transparencia del Campeche, que posibilita que un Tribunal revise los resolutivos de la comisión de transparencia de la entidad.

Instancias como Artículo 19, Alianza Cívica y Fundar Centro de Análisis e Investigación, entre otras, advirtieron que en caso de que la Corte determine la reforma es constitucional, los ciudadanos de Campeche verán vulnerados sus derechos de información frente al Estado.

Las organizaciones civiles refirieron que los órganos de acceso a la información a nivel local y el Instituto Federal de Acceso a la Información, a nivel federal, tienen el mandato constitucional de garantizar ese derecho y el establecer otra instancia revisora minaría la autoridad esas instancias de transparencia

En una declaración conjunta, subrayaron que la Corte tiene en sus manos la responsabilidad de blindar el derecho de acceso a la información, pues diversos grupos han manifestado su intención de promover reformas a la Ley Federal de Transparencia que permitan que las resoluciones del IFAI sean revisadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Las organizaciones explicaron que las implicaciones de una reforma de esta naturaleza sería en detrimento del derecho de acceso a la información y sólo abonarían a la resistencia de las autoridades públicas a la efectiva rendición de cuentas a que las obligada la ley.

Criticaron que el PRI, a nivel local, y el PAN, a nivel federal, han mostrado una actitud adversa al derecho de acceso a la información pública, que han pretendido sustentar a partir de la promoción de leyes de transparencia opuestas al mandato constitucional.

Urgieron a que el Instituto Federal de Acceso a la Información y las Comisiones Locales de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuenten con un mandato legal amplio y suficiente.

La acción de inconstitucionalidad se encuentra en la etapa de elaboración del proyecto de sentencia a cargo de la ministra de la Corte, Olga Sánchez.

La declaración está suscrita por: el Colectivo por la Transparencia, Alianza Cívica, Artículo 19, capítulo México, el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC), Cultura Ecológica, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), DECA Equipo Pueblo, Fundar Centro de Análisis e Investigación, México Infórmate, Sonora Ciudadana y Presencia Ciudadana Mexicana.