Se desmayó en seis ocasiones. En cada una de ellas, un médico militar lo reanimaba para que el interrogatorio no se interrumpiera. Luego le quitaron las botas, le sumergieron los pies en un recipiente con agua fría y lo sometieron a descargas con un cable de alta tensión. Las sesiones se repitieron durante horas. El médico se mantenía alerta. Cuando pensó que lo peor había pasado, el cable de electricidad tocó sus testículos.

El hecho, incluido en el informe de Amnistía Internacional dado a conocer el año pasado, ocurrió entre el 21 y el 27 de marzo de 2009 en el cuartel del 28 Batallón de Infantería de la II Región Militar en Tijuana.

El Ejército retuvo en ese lugar —conocido como Aguaje de la Tuna—, a 25 agentes de la policía municipal, incluida una mujer —Blanca Berenice Huízar Munguía—, durante 41 días de arraigo.

Los policías municipales fueron sometidos a interrogatorios mediante prácticas de tortura, dice Amnistía Internacional en su informe, y denuncia la participación de un médico militar en los interrogatorios clandestinos.

“Según el testimonio de los agentes de policía detenidos, les ataron la cabeza, las manos, las rodillas y los pies con cinta adhesiva durante varios días, los tuvieron tres días sin comer, los golpearon reiteradamente, los asfixiaron con bolsas de plástico en la cabeza y les aplicaron descargas eléctricas en los pies y los genitales. Había un médico militar para reanimar a los que se desplomaban o perdían el conocimiento”.

Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, califica el hecho como un acto de “suma gravedad” que evidencia “la responsabilidad que el Estado no ha asumido”.

“Según estos informes —dice Herrera— había un médico militar que reanimaba a los que se desplomaban o perdían el conocimiento. Estamos hablando de un funcionario público cuya labor fundamental tiene que ver con la protección de la integridad física y mental de quien está bajo custodia del Ejército, y si lo que hace es exactamente lo contrario, pues hay muchísimas preguntas que surgen de ahí”.

Casos de tortura prenden la alerta

Desde abril del año pasado se prendió la alerta sobre el involucramiento de médicos militares en presuntos actos de tortura en medio de la participación del Ejército en la lucha que mantiene el gobierno en contra del crimen organizado.

Según las evidencias encontradas por la CNDH e incluidas en el más reciente informe sobre violaciones a los derechos humanos de principios del año pasado, soldados del Ejército mexicano han detenido a sospechosos y los han torturado para obtener información con la complicidad de médicos militares como método de investigación.

En una entrevista con EL UNIVERSAL en abril del año pasado, el entonces segundo visitador general de la CNDH, Mauricio Ibarra, denunció la participación de médicos militares en presuntos actos de tortura en las últimas recomendaciones de 2008 y 2009. “En todos los casos encontramos médicos involucrados”.

En las recomendaciones 030/2008, 032/2008 y 18/2009, la CNDH documenta los casos más emblemáticos en los que se han visto involucrados médicos de la Secretaría de la Defensa.

Según las investigaciones de la CNDH, el 13 de junio de 2007, soldados del Ejército entraron sin orden de cateo en la casa de Óscar Cornejo Tello, en Morelia, Michoacán. Allí lo sometieron a un breve interrogatorio mediante toques eléctricos en los testículos. Luego lo golpearon y a empellones lo sacaron de su casa y lo subieron a un vehículo del Ejército para trasladarlo a la 21 zona militar. El 14 de junio lo entregaron al Ministerio Público junto a un “certificado médico de integridad física” que elaboró el mayor médico cirujano de la zona militar.

La CNDH documenta un hecho semejante y se establece que el 21 de agosto de 2007, Jesús Picazo Gómez fue detenido en Michoacán por integrantes del Ejército y trasladado a la zona militar de Uruapan para interrogarlo.

Allí lo desnudaron y lo inmovilizaron. Lo golpearon en el abdomen durante un rato y luego lo encerraron en un cuarto. Sintió el frío de la madrugada que calaba en el cuerpo desnudo y fue hasta las 8 de la mañana siguiente que lo vistieron para trasladarlo al cuartel de la 21 zona militar en Morelia. Allí lo revisó un médico militar que autorizó un segundo interrogatorio.

Luego le hicieron preguntas y le mostraron fotografías. Querían nombres, pero no reconocía a nadie en las imágenes. Entonces lo golpearon y le sumergieron la cabeza en un tambo con agua. Luego lo sacaron y sintió las convulsiones y el dolor de los toques eléctricos en el estómago. Así lo tuvieron hasta ya entrada la noche del 22 de agosto cuando fue trasladado al Ministerio Público en Morelia. El médico de la 21 zona militar extendió un “certificado de integridad física”.

La CNDH documentó que el 14 de diciembre de 2007 militares del 90 batallón de infantería, sin órdenes de detención, ingresaron con violencia a dos domicilios en La Huacana, Michoacán, y detuvieron a Rodolfo Sandoval García y a Sergio Huerta Tena.

Los trasladaron al cuartel de la 43 zona militar, en Apatzingán, en Michoacán. Allí los interrogaron. A Sandoval lo amarraron en una silla y le sumergieron la cabeza en una bolsa de plástico. Luego le golpearon el estómago. El hombre jaló aire y la bolsa de plástico se plegó a su rostro, sin oxígeno. A Huerta no le fue mejor. Lo sujetaron de los brazos y le asfixiaron con una bolsa. Después le bajaron los calzoncillos y con una agujeta le apretaron los testículos.

Los militares querían una confesión. Si Sandoval y Huerta se declaraban culpables de poseer mariguana y armas los dejaban en paz. Mientras esto no ocurriera sentirían dolor. Luego de siete horas fueron entregados al Ministerio Público. Poco antes fueron examinados por un mayor médico cirujano de la 43 zona militar, quien extendió un certificado en el que daba fe de que los detenidos eran entregados “sin alteraciones”.

Sedena “no investiga a médicos”

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hasta el 19 de abril de 2009 en la Procuraduría de Justicia Militar se tenía registro de 25 averiguaciones en contra de elementos del Ejército por denuncias de tortura.

Pero la Sedena mantenía fuera de sus investigaciones a los médicos militares que han participado en interrogatorios clandestinos y que han sido denunciados por Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“En los archivos de la Procuraduría de Justicia Militar, no se encontró registro alguno de averiguación previa iniciada en contra de personal de médicos militares”, dijo en un comunicado la Secretaría de la Defensa luego de una solicitud de información de este diario.

Amnistía Internacional ha documentado en los últimos años detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales y casos de desaparición forzada en donde se ve involucrado el Ejército.

“Es un problema que tiene una dimensión de falta de asunción de la responsabilidad del Estado en materia de prevención de los abusos, que para resumirla en una frase, tiene que ver con la falta de controles civiles sobre la fuerzas armadas”, dice el director ejecutivo de Amnistía Internacional.

“Si ya sabemos que el Ejército desempeñando labores civiles implica un riesgo inherente, lo que hay que hacer es elevar los estándares de rendición de cuentas al máximo posible. En la medida que no exista un sistema de rendición de cuentas sólido, lo que se envía es un mensaje institucional en el sentido de que quien comete un abuso, difícilmente va a ser llevado ante la justicia”.

Andamiaje sistemático

Para Amnistía Internacional, la actuación del Ejército en casos de violaciones a los derechos humanos, no sólo se puede explica a partir de la participación individual de los responsables directos. “Hay una especie de andamiaje sistémico en esto, siempre que se cometen actos de esta magnitud, hay una cadena de mando responsable”, dice Alberto Herrera.

Recrimina al Ejecutivo por no haber contemplado los abusos del Ejército mexicano y no haber establecido controles para su actuación. “Si se iba a comenzar una lucha contra el narcotráfico de estas dimensiones, pues había primero que preparar el campo”, dice el joven abogado a cargo de la oficina de Amnistía Internacional en México, y alerta sobre las implicaciones de no investigar al Ejército. “La falta de rendición de cuentas puede generar un entorno donde las violaciones a los derechos humanos se conviertan en casos habituales, en donde no sólo las autoridades, sino la sociedad como tal, se habitúe a ellas y se conviertan en una forma de investigación legitimada”.

En relación con los casos de tortura en los que se han visto involucrados médicos militares, la Sedena y la CNDH evadieron hablar sobre esto.

Herrera insiste en que se tiene que investigar. “Es muy grave, tendría que haber una investigación muy amplia”. Recuerda el caso que documentó Amnistía Internacional sobre el médico de la II Región Militar en Tijuana. “Si este médico se dedicaba a reanimar a personas que estaban siendo víctimas de tortura, a sabiendas de que el propósito de reanimarlos era que continuaran siendo torturados, sería un acto de suma gravedad que implicaría una responsabilidad criminal”.