La administradora general de la DEA, Karen Tandy, saludó con diligencia a los funcionarios del gobierno mexicano encargados de las áreas de seguridad. Era octubre de 2006. Eduardo Medina Mora, secretario de Seguridad Pública federal, y Genaro García Luna, director de la Agencia Federal de Investigación, encabezaron la delegación para conversar con la funcionaria en Cuernavaca, Morelos. Fue allí, dice un funcionario del gobierno mexicano, donde se fraguó la guerra contra los cárteles del narcotráfico, que salda hasta el momento más de 16 mil muertes en todo el territorio nacional.

Tandy iba acompañada, entre otros funcionarios de la DEA, por David Gaddis, director regional para América del Norte y Centroamérica de la agencia antidrogas. Gaddis había sido el responsable de la oficina de la DEA y uno de los operadores del Plan antidrogas en Colombia, hasta que fue trasladado a México en junio de 2006.

David Gaddis es el típico cazador de narcotraficantes latinos. Fue agente especial en Costa Rica y en la oficina de la DEA en Hermosillo, Sonora, antes de trasladarse a Colombia a combatir a los cárteles de Medellín y Cali.

Un funcionario del gobierno mexicano asegura que la DEA ya planeaba desde antes de diciembre de 2006 involucrar a México en un plan de guerra contra el narcotráfico. De acuerdo con esta versión, el nombramiento de Gaddis como director regional en junio de 2006 resulta sintomático.

David Gaddis hizo su aparición pública en Guadalajara el 18 de agosto de 2006 junto al entonces embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza, y anunció que la DEA estaba tras los pasos de los cárteles de distribución de metanfetaminas, cuyos laboratorios estaban por todo el país.

La DEA dio a conocer ese mismo mes información que identificaba a un nuevo bloque de narcos, encabezados por Joaquín El Chapo Guzmán, y al que denominó la Federación. En este grupo la DEA identificaba a Ignacio Nacho Coronel, Arturo Beltrán Leyva, Juan José Esparragoza, El Azul e Ismael El Mayo Zambada.

Gaddis se convirtió desde entonces en el eje rector de la lucha antidrogas en México. Proporcionó información y elaboró estrategias ante las autoridades mexicanas. Y es que de acuerdo con la versión del funcionario, la DEA ya planeaba desde antes de diciembre de 2006 involucrar a México en un plan de guerra contra el narcotráfico.

“Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna fueron los funcionarios del gobierno de Vicente Fox que asumieron los planes de la DEA y los trasladaron como una prioridad de gobierno al equipo de transición del presidente electo”, recuerda el funcionario quien solicitó el anonimato.

Como procurador general de la República y secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna estuvieron presentes en las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional, donde se establecieron a partir del 11 de diciembre de 2006 los principales lineamientos en la estrategia contra el narcotráfico.

La DEA, satisfecha

Calderón habría asumido los planes de la DEA y negociado un Plan Colombia a la mexicana, que incluye recursos técnicos y de defensa y una participación más activa de los agentes norteamericanos en los operativos en territorio mexicano, incluyendo por supuesto a los agentes de la DEA.

Con tal propósito hizo un viaje a Bogotá, en su condición de presidente electo, y sostuvo un encuentro con Álvaro Uribe, mandatario de ese país. Reseñas periodísticas informaron que el énfasis del encuentro estuvo sobre la lucha antidrogas, y la manera en que Colombia asumió la estrategia de combate de la mano de Estados Unidos.

Uribe incrementó las fuerzas militares para diezmar narcotraficantes, bajo guía de la DEA.

En junio de 2007, David Gaddis se mostró satisfecho con la colaboración que mantenía la DEA con el gobierno mexicano. “El trabajo entre las autoridades de la DEA y sus colegas de las policías y fiscalías en México nunca había sido mejor. La cooperación y la coordinación entre nosotros sigue fuerte y más eficaz que nunca y lo importante es que siga adelante para combatir este flagelo del narcotráfico en ambos países”, dijo entonces.

En abril del año pasado, David Gaddis elogió la labor del presidente Felipe Calderón por haber decidido enfrentar a los narcotraficantes. “Lo que ha hecho ha cambiado el curso de la historia en México”, dijo Gaddis en Arlington, Virginia, y señaló el rumbo que seguiría la guerra contra las drogas. “Esta pelea entre cárteles continuará mientras se limpian las áreas tradicionales de protección y círculos de operación”.

Felipe Calderón heredó del ex presidente Vicente Fox un país con zonas bajo control absoluto de organizaciones criminales. Durante el sexenio anterior, 8 mil 780 personas fueron asesinadas por sus relaciones con el negocio de la droga, de acuerdo con un informe de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, cifra equiparable a los casi 7 mil 800 homicidios perpetrados, por la misma causa, tan sólo en 2009.

La gran cantidad de víctimas mortales en el país refieren claramente que en México se libra una guerra, dice Tony Payán, investigador de la Universidad de Texas en El Paso. “Una guerra como casi todas las que suele emprender Estados Unidos: lejos de su territorio”.

El empleo de militares disparó la violencia desde el primero de los días. Para finales de noviembre de 2006, Michoacán se había convertido en una carnicería. El año cerró con más de 500 ejecuciones. En 2005, los homicidios relacionados con el tráfico de drogas en la entidad fueron 211, de acuerdo con la Procuraduría local. En Ciudad Juárez, la intromisión de la DEA en las organizaciones de traficantes tuvo respuesta por las mismas fechas.

A finales de noviembre de 2006, el cuerpo amortajado de un hombre fue arrojado desde una camioneta en movimiento en el parque El Chamizal, a unos metros del puente internacional Córdoba-Américas, considerado el más importante de la zona. Hubiera sido un caso cualquiera, a no ser que llevaba mensaje para las autoridades estadounidenses.

Los forenses mexicanos hallaron un par de tarjetas de presentación pegadas con cinta adhesiva sobre el rostro de la víctima, a quien los asesinos incrustaron además uno de los índices en la boca. La tarjetas eran de los agentes antinarcóticos de la oficina de inmigración y aduanas (ICE), Raúl Bencomo y Tod Johnson.

Los nombres de Bencomo y Johnson habían aparecido meses atrás durante el proceso judicial abierto en una corte norteamericana contra Guillermo Eduardo Peyro, informante de ICE, el hombre que condujo a la residencia del fraccionamiento Las Acequias, en Ciudad Juárez, donde fueron desenterrados los cadáveres de 11 personas en enero de 2004.

El nivel de infiltración de las policías mexicanas elevó la apuesta de agentes antinarcóticos estadounidenses, quienes recurrieron con mayor frecuencia a informantes, de acuerdo con declaraciones vertidas por Peyro durante su proceso.

La reunión entre la DEA y los funcionarios mexicanos del sexenio de Vicente Fox —que luego pasarían a formar parte del entramado institucional de Felipe Calderón en la lucha contra el crimen—, se dio entonces en un contexto en el que el gobierno mexicano aceptaba además su debilidad frente a los cárteles.

El entonces procurador Daniel Cabeza de Vaca reconoció desde el 24 de octubre de 2006 que las corporaciones policíacas mexicanas estaban infiltradas por el crimen.

Eduardo Medina Mora declaró ese mismo día que México había dejado de ser un país de tránsito para convertirse en uno de los principales consumidores de droga. Días después, la DEA alertaba acerca de una nueva droga denominada speedball, una mezcla de cocaína y heroína sumamente adictiva, y cuya distribución ya se detectaba en las fronteras de Juárez, Tijuana y Nuevo Laredo.

El 18 de agosto de 2006, cuando David Gaddis apareció en público en Guadalajara estuvo acompañado del entonces embajador Antonio Garza, quien calificó el consumo de esta droga de “alarmante”.

Un día después, el 19 de agosto, la DEA informó que en México se gestaba una alianza entre los principales grupos de narcotraficantes. Era el bloque de narcos al que llamó La Federación. La nueva estructura la integraban, dijeron, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, del cártel de Sinaloa; Ignacio Coronel, Nacho Coronel; Arturo Beltrán; y Juan José Esparragoza, El Azul, e Ignacio El Mayo Zambada, todos ellos del cártel de Juárez

Un mes antes, el entonces subsecretario de Política Criminal de la Secretaría de Seguridad Pública, Rafael Ríos García, había advertido sobre el nivel de infiltración del narcotráfico en las policías municipales del país. Cuyos ingresos son “producto generalmente del involucramiento con algunas redes delictivas”.

El 18 de septiembre de 2006, se dieron a conocer detalles de un informe que el presidente George W. Bush envió al Congreso estadounidense, en donde se colocaba a México como uno de los principales productores de drogas. En dicho informe se le colocaba como el trampolín de la cocaína de Sudamérica hacia Estados Unidos.

Un mes después, el 21 de septiembre, Felipe Calderón, en su condición de presidente electo, reconocía que el fenómeno del narco “amenaza ya al estado mexicano”.

Tras la reunión de finales de octubre de 2006, el 8 de noviembre, Eduardo Medina Mora reveló que uno de los principales problemas de la lucha contra el narco tenía su origen en las mil 600 policías que operan en el país, con quienes no lograban ponerse de acuerdo en cómo combatir al crimen.

El 6 de diciembre de 2006, el funcionario, ya nombrado procurador general de la República, dijo ante senadores en el proceso de ratificación del nombramiento, que el fenómeno del narco había derivado en una intención de controlar territorios, y uno de los propósitos de la estrategia que vendría a partir del 11 de diciembre con el Operativo Conjunto Michoacán era recuperar esos territorios.