Al ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, no le sorprende el informe presentado por Human Rights Watch (HRW), que evidencia la violación de derechos humanos por elementos del Ejército mexicano.

Es el resultado, dijo, de una dinámica que se ha venido dando en los últimos años, y que es consecuencia de haber involucrado al Ejército en una tarea que no le corresponde, y que es la de hacer la función de policía.

Reconoció que existe preocupación en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el elevado número de quejas en contra de los elementos del Ejército, y aclaró que no existe justificación alguna para que so pretexto de la lucha contra la delincuencia se violen los derechos humanos.

Recordó que tan sólo en 2009 se generaron 30 recomendaciones contra el Ejército, “el mayor número en la historia de la comisión”. Calificó de medida desesperada y situación de emergencia el meter al Ejército en tareas públicas ante la creciente descomposición de las corporaciones policiacas.

Adelantó que el organismo que encabeza prepara un informe que busca establecer algunas estrategias y líneas de acción que eviten la violación de los derechos humanos por parte de los elementos del Ejército.

Piden luchar contra impunidad

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez, denunció que el fuero militar se ha usado para violar derechos humanos, por lo que debe ser acotado por la misma ciudadanía.

Consideró que si bien hay una demanda legítima de seguridad, esta no tiene que ir a costa de los derechos fundamentales de los seres humanos.

Desde su experiencia, la estrategia del gobierno de Calderón, relacionada con la militarización de la seguridad pública, ha dejado graves saldos en cuanto a derechos humanos.

Comentó que “muchos de los abusos cometidos por castrenses han quedado en la impunidad debido a la existencia del fuero militar”.

México, peor que Colombia: AI

Amnistía Internacional (AI) planteó ayer al gobierno de México defender los derechos de todos los mexicanos, sin vulnerar los derechos de otros, puesto que la “grave situación” que se vive en el país “es peor a la que se vive en Colombia y Guatemala”.

Nancy Tapias Torrado, del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, informó que en el encuentro del miércoles pasado con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, esa organización planteó la necesidad de que en el combate al narcotráfico el Estado mexicano no incurra en violaciones a los derechos humanos de la población en general, pero también de los defensores y activistas de los derechos humanos.

En el informe se documentan 15 casos de agresión a los defensores de los derechos humanos, quienes han sido “víctimas de homicidio, hostigamiento, amenazas o han sido encarcelados por cargos falsos” entre 2007 y 2009, para impedir que realicen su labor de promoción del respeto a los migrantes, pueblos indígenas, en materia de temas ambientales, apoyos económicos, servicios sociales y culturales.

Segob se defiende

El gobierno federal, por medio de la Secretaría de Gobernación (Segob), respondió al informe de Amnistía Internacional. Dijo que el gobierno trabaja para garantizar la seguridad de todas las personas, en especial la de los defensores de los derechos humanos.

Además, informó que recibió las recomendaciones de la organización no gubernamental, que solicita la creación de un mecanismo efectivo y accesible para proteger a las defensoras y defensores en peligro.