La crisis económica afectó a la niñez mexicana, aseguró Susana Sottoli, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, quien afirmó que este sector de la población enfrenta, además, altos niveles de violencia en el hogar, la escuela y en su comunidad.

Aunque se desconocen las dimensiones del impacto que ocasionó la recesión económica en la niñez, “el peor de los escenarios sería que se agravaran las condiciones de desigualdad”.

Agregó que “existen evidencias aisladas de que las familias, para poder resistir ante la crisis, han tenido que hacer recortes en la alimentación, la salud y la educación y es una tragedia que un niño tenga que abandonar la escuela porque no hay dinero o que tenga que dejar de estudiar y jugar para trabajar y ayudar con los gastos en el hogar”.

Explicó que para conocer con detalle la situación que viven los niños y sus familias en el contexto de la crisis, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social realiza un monitoreo a partir del cual UNICEF hará recomendaciones sobre cómo amortiguar los efectos negativos del fenómeno.

Susana Sottoli, en entrevista con EL UNIVERSAL, pidió por lo pronto al Estado mexicano que, a pesar de las condiciones adversas que puedan existir actualmente, impida que se den pasos atrás en la protección de los derechos de la infancia.

Lineamientos

El viernes pasado se conmemoró en el mundo el 20 aniversario de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, un instrumento internacional que obliga a los Estados a garantizar los derechos humanos para todos los menores de edad sin excepción alguna.

“La Convención es un instrumento que cambió el paradigma hacia la infancia y es uno de los más ratificados en el mundo. En México implicó un cambio profundo en la legislación”, comentó la representante de UNICEF.

Dijo que aún en contextos de crisis global, la convención establece una serie de lineamientos en los que se deben basar los países para colocar a los niños en el centro de la política pública y evitar que haya rezagos.

Reiteró que esperan los resultados del monitoreo para saber cuáles fueron las consecuencias de la crisis en familias y en niños para tomar decisiones que ayuden a amortiguar los efectos.

—¿Se sabe cuál ha sido el impacto que ha tenido en los niños la violencia que padece el país?

—Nosotros entendemos la violencia de manera extensa. No sólo la relacionada con la seguridad pública, sino con aquella que viven los niños en su casa, en la escuela, en su comunidad y creemos que hace falta un sistema de información para conocer mejor este fenómeno porque también hay un aspecto cultural y es que hay una tendencia en México y en América Latina de ver a la violencia como algo natural y entonces se tolera y esto es tanto o más grande que la violencia extrema que se vive en las calles.

—¿Cuál es la responsabilidad del Estado en este sentido?

—En general, el Estado está obligado a garantizar a sus ciudadanos que puedan ejercer todos sus derechos. La Convención señala que la responsabilidad es compartida y en diferentes grados. Una familia puede cumplir con su rol de protectora en la medida que el Estado le garantice los requerimientos mínimos para poder alcanzar sus objetivos de desarrollo.