Desde bombones y chocolates para la Miss Sinaloa hasta servicios de prostitutas por 20 mil pesos se podían adquirir en lo que fue el Centro Nacional de Arraigo de la Procuraduría General de la República (PGR), actualmente denominado Centro de Investigaciones Federales.

Ni la llamada Operación Limpieza del año pasado detuvo a los policías federales para aceptar, por lo menos hasta abril pasado, los sobornos y compra de favores de los capos del narcotráfico que llegaron ahí para cumplir su arraigo e incluso planear su fuga.

Un testigo protegido de la PGR y cuya clave es Guadalupe reveló que cuando fue trasladado en un vehículo al centro de arraigo, un agente federal se le acercó para proponerle: “Si se te ofrece comida de la calle, cigarros, una llamada por celular o lo que sea, avísame a mí o al jefe del piso de donde estoy, que es el tercero”. El colaborador de las autoridades aseguró que a él no se le ofreció nada ni compró favores, “pero podía ver que otros arraigados como el novio de la Miss Sinaloa mandaba pedir para ella dulces, palomitas, chocolates, paletas, chicles y por eso pagaba una cantidad que nunca supe cuánto era”.

Otro testigo protegido, identificado como Conde, dijo a los fiscales que cuando compartió en el Centro Nacional de Arraigo la habitación 306 con Gerardo González Benavides, Tony la mentira o La Bitch, le avisó que había forma de ingresar teléfonos celulares o radios Nextel si pagaba una cuota de 20 mil pesos. Incluso, el primo hermano de Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, explicó al ahora colaborador de la PGR que existían tarifas para ingresar cualquier objeto a ese lugar, según consta en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/144/2009 al que tuvo acceso EL UNIVERSAL.

Los precios fijados a cada artículo que era introducido ilegalmente variaban y sólo estaban disponibles para los arraigados con poder económico. Por ejemplo, si se quería que la visita de los familiares fuera fluida o para acelerarla se pagaba una cuota de mil pesos a los agentes que recibían las identificaciones en el puesto de acceso a ese centro. Así, según le diría el cómplice de los Beltrán Leyva a Conde, la familia no batalla en ingresar y pueden entrar entre los primeros para alcanzar sillas en la sala de espera.

Para meter alimentos como el pollo Kentucky, hamburguesas de McDonald’s, refrescos o hasta tacos de arrachera cada vez que se quería, los precios que pedían los comandantes o Ecos, como también se les identificaba a los jefes de cada piso, variaba de 12 mil a 20 mil pesos. “Todo era según el platillo”, le explicó a Conde el cómplice de los hermanos Beltrán Leyva, quien fue detenido en el Centro Comercial Santa Fe, luego de ser identificado como quien controlaba la venta de droga para ese grupo criminal en plazas del estado de México.

Mujeres y alcohol, con horario

La compra fuerte de “favores” a los agentes federales estaba con el ingreso de bebidas alcohólicas y mujeres, para lo cual incluso se habían fijado horarios. Por pasar una botella de licor se pagaban 5 mil pesos y para sostener relaciones sexuales la cuota era de 20 mil pesos, lo cual se podía realizar entre las 22:00 horas y la medianoche.

Las mujeres y las botellas se ingresaban hasta la habitación de quien hizo el “arreglo”, según el testigo Conde.

Para no caer en indiscreciones o provocar alguna fuga de información, los mismos agentes que metían las bebidas alcohólicas en bolsas de plástico, a la hora que terminaban las reuniones, también retiraban la basura del lugar, dijo el testigo. Incluso, tenían una zona VIP en el cuarto piso que no se utilizaba para arraigados, pero si se presentaba la ocasión y se quería privacidad, se podía acceder con el pago de 20 mil pesos.

Así y aún cuando no se pasaba el efecto de la investigación llamada Operación Limpieza, la cual provocó en octubre de 2008 uno de los mayores escándalos de corrupción al poner al descubierto la infiltración del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), nuevamente se puso en evidencia que el Centro Nacional de Arraigo tenía el mismo mal.

La corrupción llegó a tal punto que en ese mismo sitio se planeó la fuga que pretendió realizar Gerónimo Gámez García, El Primo, familiar de los hermanos Beltrán Leyva y operador logístico y financiero de ese grupo criminal en el que desarrollaba funciones de trasiego de droga de Colombia hacia México y a Estados Unidos. Del plan para liberarlo supo el colaborador de la PGR unas horas antes del 18 de abril, cuando se le trasladó y se frustró su rescate en Nayarit, acción en la que murieron ocho servidores públicos, dos estatales y seis de nivel federal.

Acción frustrada

“Cerca de la medianoche del 17 de abril, Gerardo González Benavides se me acercó y me comentó en voz baja que al día siguiente iban a trasladar al penal de Tepic a El Primo y a su banda, pero que él sabía que ya todo estaba arreglado para poder sacarlo en Nayarit”.

—¿Sacarlo, de dónde? —preguntó el testigo Conde.

—Ya están arreglados los de los traslados —respondió lacónico La Bitch.

Pero al día siguiente, después de la visita, nuevamente González Benavides se le acercó y le dijo en tono grave:

—Valió madre todo, todo fracasó. Hay un chingo de muertos tanto federales como afis.

—¿Todo estaba arreglado desde aquí? —preguntó Conde.

—Sí, y ahora los que van a valer madre son los de abajo, los que estaban encargados de informar debidamente de la operación —advirtió Gerardo.

Esa es parte de las evidencias con las que cuenta la Procuraduría General de la República para inculpar a ex miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI), entre ellos al encargado del desaparecido Centro Nacional de Arraigo, el comandante Arturo Negrete, quien fue detenido tras ese intento de fuga de El Primo, cuando se realizaban su traslado junto con ocho cómplices más de la ciudad de México al penal de El Rincón, ubicado en Tepic, Nayarit.

Ese día, cuando el convoy de traslado del capo salía del aeropuerto de Tepic fue agredido por un grupo armado a bordo de tres camionetas.

En medio de la balacera y repeliendo la agresión, el convoy logró continuar con el traslado de los nueve cómplices de los hermanos Beltrán Leyva hasta el penal, pero en el camino, ocho servidores públicos fueron asesinados por los sicarios del grupo criminal.

Finalmente, los acusados Óscar Zito Rodríguez González, Gerónimo Gámez García, Pablo Emilio Robles Hoyo, Fernando Roldán Dow, Ediberto Cuevas García, Rogelio Garza Jiménez, Juan Carlos Ramírez Alanís, José Daniel Patiño Cuevas y Gosta Engberg Cuevas fueron ingresados a la cárcel.

Actualmente militares custodian las inmediaciones y las puertas del ahora llamado Centro de Investigaciones Federales, bautizado así para tratar de olvidar los actos de corrupción que hubo en ese lugar.