El presidente Felipe Calderón Hinojosa optó por impulsar a un académico y a un juzgador de carrera para que ocupen los dos lugares que quedarán vacantes en la Suprema Corte, tras la salida de los ministros Mariano Azuela Güitrón y Genaro Góngora Pimentel.
Con este movimiento se perfila una Corte en la que —por vez primera, desde la reforma que modificó la estructura y atribuciones del máximo tribunal en diciembre de 1994— la mayoría estará integrada por abogados externos al Poder Judicial y que no tienen experiencia como jueces.
En acatamiento de lo que dispone la Constitución, el presidente Calderón envió dos ternas de candidatos al Senado, para que los legisladores elijan de entre ellos a los nuevos ministros.
En sustitución del ministro Góngora, quien representaba a un sector más liberal, Calderón propuso a los académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jorge Adame Goddard y Eduardo Ferrer McGregor, y al profesor de la Escuela Libre de Derecho, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Por su experiencia como abogado litigante y su trayectoria como constitucionalista, considerada superior a la de sus contendientes, se prevé que la designación recaerá en Zaldívar.
Lugar para penalista
Para ocupar la plaza del ministro Azuela, ubicado con el ala conservadora de la Corte, el Ejecutivo federal propuso a tres integrantes del Poder Judicial.
La lista la conforman el consejero de la Judicatura Federal y magistrado Luis María Aguilar Morales, la magistrada María Luisa Martínez Delgadillo y el magistrado Jorge Mario Pardo.
Desde hace varias semanas se ubicaba como un candidato fuerte y natural a este cargo al consejero Aguilar Morales, pero la presencia de dos magistrados con amplio prestigio y del ramo penal han generado dudas sobre su designación, en especial porque en la Primera Sala de la Corte hay un lugar para un penalista.
Al final, un académico y un magistrado llegarán a la Corte, con lo que seis ministros serán abogados ajenos al Poder Judicial y cinco serán jueces de carrera.
Actúan con mesura
A diferencia de otros nombramientos, en los que el titular de Gobernación en turno ha anunciado en una conferencia de prensa los nombres de los candidatos propuestos para llegar a la Corte, en esta ocasión el proceso se llevó de manera discreta.
El subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación, Manuel Minjares, se limitó a enviarles a los legisladores un oficio, en el que informó de la propuesta del presidente Calderón para sustituir a los ministros Mariano Azuela y Genaro Góngora.
Una vez en el Senado, los legisladores acordaron enviar las propuestas a la Comisión de Justicia para que se defina cuándo serán llamados a comparecer los candidatos y si las reuniones serán ante el pleno o en la Comisión.
Plazo legal
La Constitución establece un plazo de 30 días para que el Senado elija a los nuevos ministros de entre las ternas enviadas. Si el Senado rechaza alguna, Calderón tendrá que enviar una nueva; en caso de que la segunda propuesta sea rechazada, el Ejecutivo podrá nombrar al ministro de entre los candidatos que envió.