Senadores del PAN confirmaron que analizan interponer un recurso legal contra la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010, que desde su punto de vista contiene un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas.

El senador panista Felipe González, dijo que él y otros compañeros de su bancada tienen la intención de interponer un recurso legal, en alianza con senadores del PRD, contra las disposiciones presupuestales, aún cuando su coordinador, Gustavo Madero, se ha manifestado en contra de esa propuesta.

El senador Santiago Creel declaró que se evalúa interponer un recurso legal, pero que todavía no hay una decisión en firme. Insistió en que se debe trabajar para transparentar los recursos que se usan en los estados.

Madero informó que propondrá crear una comisión especial para vigilar y dar seguimiento al gasto en 2010.

Análisis jurídicos

Ayer, en reunión privada, la fracción del PAN en el Senado acordó que una de las fundaciones del partido les remita la próxima semana un informe jurídico de las vías legales para impugnar una parte del presupuesto, relacionada con la transparencia, toda vez que se dieron a conocer varios análisis internos que coinciden en la pertinencia de proceder.

La bancada coordinada por Madero envió un comunicado oficial, en el que se afirma que la mayor parte de los mecanismos de fiscalización del gasto se mantienen en el PEF 2010.

En otro análisis jurídico que hay al interior de la bancada, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, se enumeran varias supresiones en el dictamen aprobado “que pudieran incidir en la transparencia, control y fiscalización y rendición de cuentas por parte de las entidades federativas”.

El senador Felipe González dijo que entre lunes y martes de la próxima semana presentarán a su coordinador un documento en el que se constata que hay posibilidades y procede impugnar ese rubro, para reinstalar los candados en materia de gasto.

El legislador dijo que podría tener el apoyo de 43 senadores al menos, para que firmen y apoyen el recurso legal que posiblemente se interpondría ante la Corte, sobre todo con el aval de perredistas. Prefirió no adelantar qué figura jurídica utilizará para ello.