En San Lázaro, los diputados dieron carta abierta a los estados y municipios para que sus transferencias presupuestales no dependan más del cumplimiento que hagan del gasto, su desempeño, gestión o resultado de evaluaciones externas.

Lo anterior se suma a la propuesta de que sean los comités de planeación de desarrollo de los estados quienes junto con las comisiones legislativas opinen y, en su caso, elaboren las reglas de operación de los programas federales, lo que hoy en día es una facultad exclusiva del Ejecutivo.

Es decir, el próximo año los estados y municipios tendrán garantizado el flujo de recursos presupuestales, aún cuando la Auditoría Superior de la Federación reporte deficiencia en el desempeño de las partidas presupuestales federales, o Hacienda determine que los proyectos de inversión no son viables.

La decisión es un paso atrás a los avances de otras legislaturas, en torno a que antes los estados y municipios debían rendir cuentas claras antes de recibir transferencias y ahora, con el dictamen del decreto presupuestal, se quitan estos candados.

Marca la obligación de que realicen convenios con la secretaría de Hacienda, antes de que ésta determine la suspensión de algún proyecto de inversión de las localidades.

Por ejemplo, si se solicitaban recursos para una carretera y los diputados los asignaban, entonces daba inicio un proceso de trámites que incluía estudios y proyecciones ambientales y de sustentabilidad que de no concluirse significaba, aún en este año, la cancelación de la ministración de ese dinero. Con este decreto, en 2010 estará garantizada esa transferencia y de no servir para un primer proyecto, podrá aplicarse en una segunda propuesta.

Las razones

“Por considerar que se trata de un exceso de atribuciones que podrían entorpecer el ejercicio de los recursos, se eliminan las disposiciones relativas a las cosas en las que las dependencias y entidades de la administración pública federal, podrían suspender la ministración de los recursos por supuestos incumplimientos en la aplicación de los mismos o por falta de entrega de información relativa al avance de los programas”, establece el dictamen.

Al cierre de la edición, el decreto presupuestal aún no se sometía a consideración del pleno de San Lázaro.

En el artículo 29 del decreto de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los diputados establecieron que los programas que están sujetos a reglas de operación, deberán de alinearse a criterios generales tendientes a la simplificación y facilidad de operación de los mismos.

Según el dictamen, se dispone que los comités de planeación para el desarrollo de los estados, podrán participar con las comisiones ordinarias que hay en la Cámara de Diputados, en la elaboración de las opiniones sobre las reglas de operación de los programas federales.

Esto se da como respuesta a la inconformidad que han planetado los gobiernos priístas en torno a la manera en la que se aplican los recursos en Oportunidades y el Programa Alimentario, pero que no puede ser modificada porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que esa es una facultad del Ejecutivo, en la que no puede intervenir el legislativo.