Estudiosos del fenómeno del narcotráfico de México y Estados Unidos consideraron errónea la estrategia del presidente Felipe Calderón en la lucha contra este flagelo, y opinaron que no es sólo con poder de fuego y capacidad bélica como se podrá derrotar a los cárteles, sino desmantelando sus estructuras financieras, hoy intactas y operando.

Como muestra de la fallida estrategia antinarco, recuerdan, son las más de 15 mil personas ejecutadas, sin contar las muertes derivadas de esta lucha, de cientos de soldados, policías federales, estatales y municipales, incluso de civiles y periodistas.

Edgardo Buscaglia, profesor de Derecho y Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y director del Centro internacional de Desarrollo Legal y Económico, dijo que el gobierno mexicano no posee una estrategia de lucha contra empresas criminales como lo son los siete cárteles que operan como corporaciones, especialmente el de Sinaloa, que obtienen ganancias millonarias ubicadas en patrimonios.

Explicó que en México, 78% de los sectores económicos están infiltrados por el narcotráfico, “y eso está documentado en casos judiciales”.

“El gobierno federal no enfrenta éste problema de desmantelamiento de los patrimonios escondidos en la economía legal en parte por una restricción política”.

Precisó que los cárteles mexicanos tienen participaciones accionarias en esos sectores económicos, incluyendo inmuebles, empresas, terrenos, y en general, bienes reales.

De acuerdo con Buscaglia, los poderosos cárteles del narcotráfico tienen recursos que representarían 40% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, que es de 11.4 billones de pesos (850 mil millones de dólares).

Comentó que el gobierno mexicano no tiene un sólo caso de desmantelamiento patrimonial de ninguno de los sectores afectados ni por el lado de la Secretaría de Hacienda ni la Oficina de la Función Pública.

Con trabajo de campo sobre el crimen organizado en países, Buscaglia dijo que en México “no se está desmantelando patrimonialmente a los miles de millones de dólares que tiene la delincuencia organizada fusionada en empresas legales del país, principalmente en el sector minero, agropecuario, farmacéutico, químico y en el área de fideicomisos que no están siquiera regulados”.

“La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no tiene la capacidad para enfrentar estos temas, pero el gobierno cuenta con el Sistema de Administración Tributaria (SAT); yo le recomendaría al secretario de Seguridad Pública federal que en vez de preocuparse en tener más helicópteros se alimenten investigaciones de desmantelamiento patrimonial”.

Para el especialista, los grupos criminales mexicanos operan como multinacionales del crimen dedicados a delitos patrimoniales en 47 países.

Desde hace dos años Buscaglia alertó del incremento de violencia y corrupción debido a que no se atacaba la parte financiera.

Comentó que el gobierno se ha centrado sólo en decomisos fortuitos producto de allanamientos o hallazgos de dinero.

Convención de Palermo

De no desmantelar esos fondos, mencionó Buscaglia, la corrupción y la violencia se van a incrementar y se continuará exportando a otros países como ha ocurrido en países como Guatemala y Argentina.

“El gobierno mexicano no tiene estrategia. Necesita algo muy simple, implementar la Convención de Palermo adecuadamente. México cuenta con recursos económicos y humanos para hacerlo”.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional firmó en diciembre de 2000 en Palermo un convenio para prevenir y combatir más eficazmente a este tipo de crimen.

Con 147 países, entre ellos México, firmaron la Convención de Palermo la cual está integrada con 41 artículos que establecen tipos penales comunes, esquemas de cooperación entre ellos procedimientos de extradición y asistencia jurídica mutua.

Buscaglia recomendó el establecimiento de un acuerdo político de todos los partidos para hacer una limpieza en sus filas de los miembros relacionados con el crimen organizado como ocurrió en Colombia donde 32% de los legisladores están procesados.

Sigue la violencia: WOLA

Maureen Meyer, asociada para México y Latinoamérica de la Oficina de Latinoamérica en Washington (WOLA) opinó que “después de tres años de implementar una estrategia de lucha contra el narco dominada por los operativos antidroga, la violencia no ha disminuido y las drogas siguen fluyendo”.

Dijo que este es un momento no sólo para México sino para Estados Unidos y la comunidad internacional de repensar la estrategia que se está implementando, “ya no se debe repetir la misma estrategia fallida que no ha producido los resultados esperados”.

Meyer aseguró que la estrategia actual se ha centrado en producir número de detenciones y no en promover e implementar las reformas estructurales necesarias para fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en México.

Explicó que tampoco se ha fortalecido a las policías estatales y municipales y muchas reformas están enfocadas al combate al narco y no responden a los problemas de inseguridad que afectan a la población.

El ex embajador de EU en Colombia, Myles Frechette, afirmó que mucha gente en Colombia entendió que el narcotráfico era malo para la economía.

“Combatir la parte financiera mediante la extinción de dominio es una vía, pero no debe ser burocrático ese proceso porque de lo contrario los criminales regresan por sus propiedades en cinco o seis años y se les tienen que entregar”.

Frechette opinó que en este momento el empleo del Ejército es la única opción para el gobierno de México en el combate al narco, “y no veo ninguna otra alternativa”.

Basado en su experiencia en la época más dura de los carteles en Colombia, Frechette dijo que probablemente exista otra alternativa, “pero no en este momento y en México la gente confía más en el Ejército”.

Lucha sin respaldo social

Otros investigadores y especialistas en el tema del tráfico de drogas calificaron la estrategia de combate al narcotráfico como insuficiente, desgastada, incomprendida y sin respaldo social.

Académicos y consultores en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales (Cepolcrim), reconocieron la necesidad de la participación de las fuerzas armadas para enfrentar a las organizaciones del narcotráfico.

Valoraron el papel de los militares para contener a los cárteles de Tijuana, Ciudad Juárez, Sinaloa, los hermanos Beltrán Leyva, del Golfo y La Familia Michoacana.

Ante un escenario como la infiltración criminal en las filas de las policías municipales, estatales y federal, la mala preparación y la desequilibrada correlación de fuerzas entre los cuerpos de seguridad y los ejércitos de sicarios del narco, los especialistas en el tema propusieron que la clase política y los partidos políticos se unan para crear una política de seguridad de Estado.

Estrategia de Estado

El investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM Luis Astorga dijo que si bien la estrategia de combate a las organizaciones criminales del narco no ha resultado, nadie ha propuesto una alternativa viable.

“No conocemos que algún partido proponga o esté proponiendo en el Congreso una estrategia cualitativamente distinta. No hay las instituciones apropiadas para una situación de emergencia como la que se enfrenta en el combate al narco en el país”.

De lo que se trata, agregó, es de consolidar las instituciones del Estado, de mejorar los mecanismos que se tienen y crear los que no se tienen para enfrentar este fenómeno.

Astorga consideró que la clase política tiene que entender que esta no es ni puede ser una política del gobierno federal única y exclusivamente, es una política del Estado mexicano y todos ellos son parte de él.

El investigador del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Iván del Llano, dijo que ante los resultados en el combate al narcotráfico y la violencia que se vive en México, es obligado replantear las estrategias.

En materia de seguridad se tiene que insistir en la capacitación para la investigación y la formulación de áreas de inteligencia para dar respuesta integral a este fenómeno, explicó Iván del Llano.

Políticas de largo aliento

El ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana y consultor en temas de seguridad, Alberto Capella, consideró que antes hay que señalar lo inédito de la decisión del presidente Felipe Calderón para enfrentar de lleno el combate al narco, al margen que se reconozca que el marcador no le favorezca.

En su opinión, es muy peligroso reinventar estrategias y planes cada seis años.

Sobre el rediseño de la táctica aplicada para enfrentar este fenómeno, dijo que él no conoce en la historia un solo caso en que las estrategias de guerra o de combate no hayan sido modificadas ante los cambios experimentados por el enemigo.

“Si no se piensa en rediseñar estrategias, si se piensa en un paradigma y se aísla del contexto, no podrá tener éxito ningún plan”.

El doctor en derecho y especialista en temas de crimen organizado, Israel Alvarado, explicó que una estrategia de lucha contra el narcotráfico no se puede plantear en tres años y por consiguiente resultaría totalmente injusto valorar los resultados alcanzados en ese lapso.

Explicó que no se puede decir que el combate armado a las organizaciones criminales ha sido del todo fallido, pues se han logrado desmembrar grupos criminales importantes, pero insistió en que se debe replantear las estrategias y tomar en cuenta algunas de los modelos exitosos de acción social contra el crimen, como en Palermo, Italia y en Cali, Colombia, donde todos los actores sociales se han involucrado para enfrentar desde la raíz el problema.

El coordinador general académico del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, Macedonio Vázquez Castro, aseguró que hay experiencias a nivel mundial en que problemas de crimen organizado no se han resuelto ni se resolverán, como es el caso de la mafia en Italia.

En el caso del combate al narcotráfico, particularmente en México, es evidente que las estrategias deben replantearse y si se quiere resolver el problema de fondo se debe optar por la despenalización, pues bajo el control del Estado se acabó el negocio del tráfico de drogas y el incentivo económico.