La bancada del PRI en la Cámara de Diputados negoció con la Secretaría de Hacienda una bolsa mínima de 85 mil millones de pesos para reasignaciones del gasto en 2010.

Hasta el cierre de la edición, el grupo económico del PRI informó a sus coordinadores estatales de esta bolsa que serán destinados en partes equitativas a proyectos de inversión y de infraestructura de los estados, así como a los programas del campo, principalmente.

Los priístas aceptaron que las reasignaciones sean menores a los 100 mil millones de pesos previstos a cambio de garantizar la equidad en el reparto de recursos a todos los estados gobernados por el tricolor.

Se ejecutará con base en las estadísticas de población y pobreza de cada entidad, y romper con cualquier sospecha de favoritismo a gobernadores.

Los 85 mil millones de pesos resultarán de un recorte al gasto corriente del gobierno federal de 50 mil millones de pesos, y reacomodos en el gasto programable por 35 mil millones de pesos, incluyendo los ajustes a la baja en Oportunidades.

El grupo económico del tricolor informó ayer a sus coordinadores estatales de modificaciones en reglas de operación, a fin de garantizar que las bolsas de reasignaciones a estados, carreteras, salud, campo y educación, estén perfectamente etiquetadas en proyectos locales, y no se queden como partidas generales.

Ayer por la tarde, el PRD se levantó de la mesa de cabildeo del gasto federal 2010.

El diputado perredista, secretario de la comisión de Presupuesto, Vidal Llerenas aseguró que no pueden negociar nada que no conozcan, pues las cifras las cuidaban celosamente los diputados priístas.

La propuesta del PRI para el PRD se centró en dos temas, los recursos para la obra del metro del Distrito Federal por 3 mil 500 millones de pesos, obras hidráulicas para los estados gobernados por perredistas, y programas sociales para la protección de discapacitados y adultos mayores.

Los priístas hicieron un análisis de la estructura burocrática de la administración federal, del que resultaron decenas de subsecretarías sacrificables y gastos que no son prioritarios entre viajes, viáticos, gratificaciones, celulares, automóviles y rentas, entre otros rubros.

El diputado priísta Héctor Pablo Ramírez Puga detalló que otra de sus demandas es la cancelación de sus partidas, que es la vía por la que cada municipio genera un peso y recibe otro del gobierno federal para su operación, este método tiene en apuros financieros a varias localidades que han visto afectados sus ingresos por la crisis económica en el mundo y el país.