Especialistas del sector privado y académicos se pronunciaron por la eliminación de programas sociales que no han funcionado en el país, para que esos recursos sean redistribuidos hacia proyectos de infraestructura.
Criticaron que se les pretenda canalizar más recursos a ProÁrbol y Procampo, cuando en la práctica han demostrado que no han sido eficientes y que tienen grandes problemas.
José Luis de la Cruz, académico del Tecnológico de Monterrey, dijo que las propuestas de más recursos hacia esos programas demuestran falta de evaluación en resultados.
“Parece claro que este proyecto de Egresos va a aprobar recursos para programas, sin que tengan impacto al crecimiento económico”, opinó De la Cruz.
Pedro Núñez, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), demandó la eliminación de los programas que han sido mal evaluados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Pidió que sólo se apoyen programas que sean efectivos y no los que tienen tintes políticos.
“No se da suficiente peso a la información del Coneval, el cual ha presentado de resultados de programas que no están funcionando”, sostuvo Núñez.
IP pide auditar programas
Líderes de cúpulas empresariales y analistas del sector apoyan la continuidad del programa Procampo, pero advierten que su gasto debe ser auditado.
“Programas de este tipo para elevar la eficiencia deben de mantenerse con la salvedad de que sean auditables; es necesario una depuracion del padrón”, manifestó Eugenio Salinas, presidente del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne).
Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), dijo que no es posible condenar todo Procampo, ya que algunos subprogramas son rescatables.
“Lo que debiera proceder es que cada programa sea ampliado, eliminado o reducido en función de sus resultados”.
El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (CNIMME), César Castro, coincidió en que la operación de Procampo se justifica, pero que los recursos que se destinen al programa deben ser auditados. Propuso que la Iniciativa Privada (IP) participe en las evaluaciones sobre el ejercicio del gasto.