Bachelet designó a Fuente-Alba, tercero en la línea sucesoria, en lugar del general Óscar Izurieta, para lo cual tuvo que pasar a retiro al actual jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Alfredo Ewing Pinochet, quien estuvo en la tétrica Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía política de la dictadura en los años 70.

Apenas se conoció la designación de Fuente-Alba, anunciada por la portavoz Carolina Tohá, la Asociación de Familiares y Detenidos Políticos (AFDD) emitió un comunicado repudiando la decisión de la presidenta. “La sola mención de su nombre en crímenes de lesa humanidad invalida toda posibilidad de asumir un cargo de esa responsabilidad. La comandancia en jefe del Ejército debe caer en un militar intachable, sobre el que no exista la más mínima sospecha acerca de su actuación en el periodo de la dictadura”, dijo la AFDD.

En 1973, Fuente-Alba era un subteniente recién egresado de la escuela militar y fue destinado al regimiento de Calama, en el norte del país. Allí, el 19 de octubre de ese año se perpetró la masacre conocida como “Caravana de la muerte”, un pelotón militar al mando del general Sergio Arellano Stark, enviado directamente por el difunto dictador Augusto Pinochet (1973-1990) que asesinó a 26 detenidos políticos.

Si bien el ahora jefe del Ejército no habría integrado la “Caravana”, los organismos de derechos humanos lo habían señalado como presunto encubridor y por ello debió declarar ante la justicia. Fuente-Alba dijo a un juez que ese día había estado ausente de la guarnición porque se encontraba en la localidad de Chuquicamata “cuidando unas instalaciones de la mina de cobre”.

Mientras Lorena Pizarro, de la AFDD, pidió ayer que “se anule esa designación”, el secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo consideró que el militar no tendría causas abiertas con la justicia.

La respuesta a las afirmaciones del funcionario la brindó el abogado Hugo Gutiérrez, representante de familiares de desaparecidos en esa causa.

“Sigue inculpado”

Gutiérrez dijo que “el gobierno de la presidenta Bachelet no puede afirmar que el general no tiene causas pendientes con la Justicia porque eso todavía lo está investigando el juez Víctor Montiglio; por lo tanto, sigue inculpado en la causa”. Tanto Gutiérrez como otros abogado de derechos humanos, como Hiram Villagra, anunciaron que el lunes pedirán al juez Montigilio que se manifieste en torno a Fuente-Alba.

En el proceso contra el general aparecen algunos testimonios que lo contradicen, como el del detenido Mayor Pedro Espinoza Bravo, un integrante de la Caravana, quien asegura que el ahora comandante sí estuvo en Calama el día de los hechos.