La Suprema Corte de Justicia de la Nación le notificará esta semana a las dos cámaras del Congreso de la Unión, al Presidente de la República y a la Procuraduría General de la República, la decisión que adoptó al declarar que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, incurrió en violaciones graves a las garantías de la población por no intervenir ni garantizar la seguridad y paz social durante el conflicto magisterial, político y social que se vivió en la capital de su entidad de mayo de 2006 a enero de 2007.

Para la Corte, el informe que le entregará a las autoridades refleja “la verdad” de lo que aconteció en Oaxaca durante el conflicto, por lo que a partir de que reciban la notificación le corresponderá a los legisladores, al titular del Ejecutivo y a la procuraduría, decidir si le fincan o no, al mandatario estatal, responsabilidades de tipo político, penal, civil o administrativo.

Esto último porque la Constitución, en su artículo 97, sólo faculta a la Corte para realizar la investigación, determinar la existencia de violaciones graves de garantías y señalar a los responsables de las mismas, sin establecer ningún tipo de sanciones, porque esa atribución se la dejó el constituyente a los legisladores y al Ejecutivo.

La notificación del informe la hará la Corte después de que el pleno del máximo tribunal revise, en la sesión privada de este martes, el documento final que redactó el ministro Mariano Azuela, en apego a la decisión que adoptó la mayoría el 14 de octubre pasado.

En el reporte se precisa que no existe ninguna atenuante en la participación del gobernador en la violación grave de garantías.

El documento se le hará llegar a Ulises Ruiz y al Congreso de Oaxaca para su conocimiento y para que, en el caso de los legisladores locales, procedan como consideren pertinente.

La investigación de la Corte concluye que se violaron garantías en perjuicio de la sociedad civil oaxaqueña, entre otras situaciones, por la incapacidad de las autoridades locales para impedir que grupos de civiles “tomaran” edificios que brindan servicios públicos, radiodifusoras y con uso de violencia imposibilitaran el comercio y el trabajo pacífico de los demás, afectando el acceso a la educación, el libre tránsito y la justicia de los habitantes de Oaxaca.

En total, durante este periodo —afirma— se violaron gravemente 10 derechos y garantías: el derecho a la vida, al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la propiedad y a la posesión, a la educación, a la paz y al acceso a la información, y las garantías de libertad de trabajo, de libertad de tránsito, de libertad de pensamiento y expresión.

Sobre las acciones de los manifestantes, se aclara que la facultad de investigación no es la vía para juzgar acciones de particulares ya que éstos no pueden ser responsables de la violación de garantías.